Uno de los grandes temas de agenda para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el modelo de compras consolidadas del Sector Salud. De 2013 a 2018, la licitación de compras consolidadas ha generado ahorros por un total de 17 mil 592 millones de pesos. El proceso siempre será perfectible en la medida en que existan más reglas y claridad en sana competencia.

En este contexto, en 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), impulsó la figura de “abastecimiento simultáneo”, adjudicando en porcentajes del 80% y 20% las partidas de las consolidadas, siempre que exista un margen del 3% entre las ofertas del primero y segundo lugar, con el propósito de garantizar el abasto de las claves de medicamentos de volúmenes muy altos.

La Licitación Consolidada 2019 que encabeza el IMSS inició a finales de julio. El concurso incluye varios procesos para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud. La inversión es superior a los 50 mil millones y participan más de 50 entidades e instituciones del sistema de salud.

El asunto generó un intenso debate entre la AMIIF y Canifarma, porque esta última quiere proponer al IMSS un esquema de “abastecimiento simultáneo por tres fuentes”, dicen se está “consultado” entre sus agremiados, se apliquen tres porcentajes de adjudicación, 50%, 30% y 20%, para reforzar el abasto de las medicinas que se licitarán para 2019.

La idea de perfeccionar, transitar o proponer nuevos modelos es bien recibida, pero el problema no radica en el actual modelo de concurso, es la ausencia de mecanismos que permiten la recuperación de los pasivos en las entidades y el pago oportuno. Los proveedores están en total indefensión porque nada garantiza la liquidación de las deudas.

Por otra parte, el esquema de “abastecimiento simultáneo por tres fuentes”, podría aumentar la colusión por cuotas de mercado; la participación de tres competidores puede facilitar los acuerdos de precios entre las empresas.

Un dato para reflexión de los expertos es la deuda actual con los proveedores de medicamentos. Las cifras se manejan en total secrecía y en algunos casos la cartera vencida no es reconocida por nuevos gobiernos. Los pequeños proveedores no pueden participar y las grandes empresas reciben ataques por un supuesto favoritismo.

De acuerdo con algunos reportes, al 31 de julio de 2017, el total de las deudas de tres Organismos Públicos Descentralizados (OPD), ascendía a más de 12,200 millones de pesos; encabeza la lista el ISEM en el Edomex con alrededor de 9,000 millones de pesos; los Servicios de Salud Pública de Sinaloa tenían pasivos por 2,000 millones de pesos y Sonora mantenían una cartera vencida de, aproximadamente, 1,200 millones de pesos.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio México de Periodismo 2013. Premio Nacional de Locución 2017. Director de la revista Medicina Cientifica. [email protected]