Es una vergüenza que hoy que la inseguridad está desbordada en el país y ni se diga en el estado partidos políticos, agrupaciones con filiación partidista y demás protagonistas sólo quieren aprovechar la situación utilizándolo como bandera en sus campañas o peor aun tratando de denostar o atacar al gobierno en turno para ganar adeptos; con lo anterior no excuso a las actuales autoridades de su responsabilidad. Porque todo mundo se queja de la inseguridad pero nadie hace nada para contribuir a armar un plan ciudadano para contrarrestarla. Hoy por hoy todo mundo hace leña del árbol caído para sacar raja política y llevar agua electorera para su molino.

Resulta arriesgado para los opositores al actual gobierno estatal y municipal usar esa bandera política como arma electoral. Hoy la gran mayoría de los políticos en campaña y militantes de partidos políticos hablan de pobreza, desempleo o falta de oportunidades, e incluso de inmigración, como fuente de inseguridad y criminalidad. Pero en la realidad no existe ninguna evidencia estadística que lo constate o cuando menos se acerque a lo que se afirma. 

En México, es obvia la nula o muy limitada capacidad de las fuerzas policiacas de inhibir la comisión de delitos. La impunidad y bajos costos y riesgos de delinquir también juegan, dada la ineficacia estrepitosa de los aparatos de procuración e impartición de justicia y la consecuente baja probabilidad de que responsables de delitos sean capturados y juzgados. El artículo 2° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que la seguridad pública es una responsabilidad de los tres órdenes de gobierno. Lo que sí es una realidad es que no existe una política pública sólida en el tema de la prevención; Además, las autoridades municipales, que son las más cercanas a los ciudadanos, también han sido incapaces de reducir la extorsión, el robo en el transporte público y en la vía pública.

Es claro que se requieren nuevos sistemas expeditos de denuncia y seguimiento así como indicadores, objetivos y metas regionalizados. La inteligencia es vital para combatir al crimen organizado, al igual que policías científicas modernas de investigación, junto con una coordinación estrecha entre fuerzas federales y policías estatales y locales.

Las instituciones públicas, desde la policía hasta los juzgados, dependen de que el crimen se denuncie para hacer algo al respecto y lo que se hace al respecto es poco a comparación de la incidencia real. Si los recursos económicos y humanos destinados a combatir este problema en la sociedad son escasos, son casi inexistentes para implementar acciones de prevención y de educación de la sociedad en valores que respeten cosas tan básicas como los derechos humanos y la vida.

La inseguridad y la corrupción son dos longevas instituciones que han trascendido la alternancia del sistema político mexicano. Las cifras de inseguridad están a punto de desbordarse de los tableros del gobierno y en los hechos contaminan a todos los sectores desde los más humildes, los profesionistas, obreros, empleados, comerciantes y hasta los ricos son víctimas de la grave enfermedad que nadie puede detener llamada inseguridad.