El gobernador pegó dos veces. El primero fue sutil, respetando las formas, muy a su estilo: anunció en redes sociales que el Instituto Electoral había acogido “por primera vez y de manera histórica” su propuesta para consultar (a la par de la jornada electoral) si se autoriza o no el uso de transporte de alquiler mediante plataformas tecnológicas, en Benito Juárez. Es decir, si la gente quiere o no a Uber y otras redes privadas.

El segundo fue firme (también a su estilo): contestó a los taxistas de todo el estado que vino a trabajar por la gente, “no a cuidar votos”, en referencia al amague de aquellos sobre un supuesto “castigo”. No dudó en mandar un mensaje masivo en pleno desarrollo del proceso electoral, por si alguien tenía dudas del propósito final.

La decisión recaerá en el usuario. Y para muchos es la mejor salida. Tanto Carlos Joaquín como los consejeros del Instituto en mención son las autoridades que gestionan y tramitan el procedimiento, pero será el pueblo el que determine al respecto. Es la solución más conveniente, más democrática por el contexto en ciernes.

¿Acaso no es mejor eso a una orden inatacable desde Palacio, como en otros tiempos? Por supuesto. Debe perderse el miedo a la competencia y a la diversidad. El problema es que los taxistas suponen que juegan a perder por el estado de las unidades, el servicio irregular que prestan, las quejas ciudadanas en alza y el ánimo en favor de las plataformas.

Pero no deben expresar el enojo de esa manera, o sea, amenazando a las autoridades que canalizan una solicitud recurrente, y menos planeando boicots. Atentar contra la estabilidad política en un ambiente de competencia abierta por el proceso, sería minar la paz social de por sí frágil y el crecimiento económico logrado con esfuerzo tras la quiebra técnica.

Se entiende la inquietud, aunque no se comparte la postura intransigente, y menos beligerante. Les convendría proponer mejoras sustanciales en el marco de esa misma oferta en vez de asumir la derrota antes de tiempo y advertir graves consecuencias.

Porque algo es cierto: el servicio privado también tiene carencias. No ha sido ni será la panacea a la movilidad en Cancún y otras ciudades con tráfico en aumento.

Que se entienda: no se defiende sin cuestionar la entrada de la aplicación, sino la oportunidad brindada para que los habitantes resuelvan un asunto atorado por tantos intereses en disputa. Visto así, es innegable no estar optimista ante lo que será un auténtico fallo popular.