Probablemente es una rebelión con causa. Pero canalizada de pésima forma. Porque los taxistas no sólo han decidido bloquear vías e intersecciones importantes de Cancún y otras ciudades de Quintana Roo, sino declarar una especie de “guerra” al estado, debido a la aprobación de la Ley de Movilidad por unanimidad de los diputados locales.

Con el nuevo ordenamiento legal (que entrará en vigor en 90 días naturales siguientes a su publicación en el Periódico Oficial) se creará un Instituto que regirá las políticas y acciones en la materia, el cual priorizará al peatón y al ciclista. Nadie podría oponerse a ello con caos y carencias tan evidentes.

En realidad la polémica en curso es motivada porque se termina así con la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones, y las plataformas digitales (como Uber y otras) estarán ya reguladas, por lo que deberán contar con permisos y requisitos para operar, los que pueden solventar sin inconvenientes.

Esto último ha desatado la ira de un grupo numeroso de los gremios. No de todos, claro está. Los que sí, desde la misma noche del lunes optaron por salir a la calle y obstaculizar el libre tránsito, afectando a particulares y visitantes que circulaban con más de una prisa. Con toda seguridad, no pocos perdieron vuelos o no llegaron a alguna urgencia. La imagen del destino, pues, otra vez en entredicho por los provocadores.

Los taxistas olvidan que surge de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PRI, Encuentro Social, Nueva Alianza y legisladores independientes, con lo cual pierde valor la teoría del complot político que argumentan quienes ven una mano que mece la cuna.

Respecto a lo anterior, no debe olvidarse aquello de la consulta pública planteada por el jefe del Ejecutivo estatal, el gobernador Carlos Joaquín, desechada finalmente por los magistrados del Tribunal Electoral, la que los mismos rebeldes de hoy celebraron entonces por tratarse de una prueba de la democracia. Así de paradójico.

Pero más allá de eso, nace de propuestas presentadas en múltiples foros y mesas de trabajo con ciudadanos en torno a una temática que está desde hace rato en el debate público, así como de reuniones con representantes de organizaciones dedicadas al transporte de pasajeros.

Prevalecen dos consensos innegables: Por un lado, se entiende el reclamo de muchos (sustento familiar en suspenso, entre otros), pero no se comparte la actitud beligerante. Menos en épocas como estas, cuando urgen paz social y estabilidad política a prueba de todo.

Por el otro, las regiones turísticas abiertas al mundo como la nuestra, merecen servicios de calidad, por lo que es una oportunidad para renovar lo antiguo, descartar lo insalvable y dar chance a quienes pueden cumplir las expectativas de una mayoría.

No es más que progresar. Es un derecho, y también una obligación.