Hace unos días, en Marrakech, Marruecos, 164 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas firmaron el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular; esto, luego de 18 meses de negociación en las Asambleas celebradas en Nueva York.

Los occidentales que decidieron no firmar son Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia, República Dominicana y Chile. México, por su lado, ha sido uno de los paladines de este renovado acuerdo donde reside el multilateralismo per se y que ha sido una polémica en auge en esas capitales que lo niegan.

Según se indica en el documento, presenta un marco de cooperación no vinculante jurídicamente; es decir, no obliga a los que lo firman, y su propósito es “fomentar la cooperación sobre la migración entre todas las instancias pertinentes”, reconociendo a su vez que “ningún Estado puede abordar la migración en solitario, y respetar la soberanía de los Estados y sus obligaciones en virtud del derecho internacional”.

Es una coyuntura en la que nuestro país cobra protagonismo, sobre todo por lo que ha pasado con las caravanas migrantes recientemente; y en tal sentido, Quintana Roo se erige como un polo atractivo para aquellos que no pudieron o no quisieron llegar a la frontera norte debido a los riesgos inherentes en el tránsito y las amenazas de las autoridades estadounidenses de no permitirles el acceso bajo ninguna circunstancia. Por lo mismo, hay que abrir más los ojos frente al panorama.

¿Qué significa lo anterior? Que México debe respetarlo y aplicar todas las medidas necesarias para su implementación, más en estados como el nuestro, por donde además llegan vía aérea millones de extranjeros con propósitos de residir, atraídos por la condiciones favorables ya existentes y obligados por circunstancias adversas en sus lugares de origen.

Ejemplos de ello son quienes provienen de Centroamérica, aunque también de Cuba, Venezuela, Colombia y otras naciones con problemáticas internas por las que huyen y buscan refugio.

Dicho eso, los servidores públicos de los tres niveles deben asimilar esta realidad y conocer desde ya a qué están supeditados con el nuevo arreglo en mención.

Empezando, obviamente, por los del Instituto Nacional de Migración, que estrenarán delegado en la entidad, tras la salida de Harley Sosa Guillén, quien dio su renuncia por el cambio de mando y a quien se le adjudica un avance notable en atención humanitaria.