Durante los últimos años se ha desplegado un esfuerzo significativo para avanzar en transparencia. Hoy, esa consigna, y la de rendir cuentas, son un antídoto contra la corrupción, la impunidad y el influyentismo, acaso los peores males en el país.

Pero si concebimos la transparencia como la búsqueda de un gobierno abierto, cuyos responsables deben publicar sus acciones para sustentar la toma de decisiones, en conjunto con los ciudadanos, estamos lejos de alcanzar la satisfacción en ética pública.

Así lo entienden los integrantes de Transparencia Por Quintana Roo, quienes analizan con lupa desde hace seis meses la información de los 11 ayuntamientos, y elaboran estudios para facilitar el conocimiento de lo que es ocultado o tergiversado.

La abogada Herminia Salinas Peña, presidenta de dicha asociación civil, reconoce que aun cuando se ha avanzado en la materia, los sujetos obligados no logran un desempeño aceptable. Porque toda evaluación debe entenderse así: o se es transparente, o se es opaco, pues no hay término medio.

Va un ejemplo: la A.C. acaba de denunciar ante el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a las autoridades de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco y Tulum por no publicar e incumplir las obligaciones comunes en transparencia durante el primer trimestre de este año.

Incluso, dos miembros activos de la agrupación ciudadana, Fabiola Sánchez Rosales y Enrique Zárate Guaida, alertan que no son los únicos con observaciones: de norte a sur los señalamientos abundan cuando se escudriña en las plataformas digitales, ya que el material disponible no siempre es accesible, completo, legible, oportuno o permanente, como debe ser por ley.

Es decir, ni los que llegaron bajo nuevos rótulos, ni los que heredaron equipos de profesionistas enteros de anteriores gobiernos acusados de corrupción, han dejado de replicar las malas maniobras, cometiendo por desgracia los mismos errores del pasado.

¿Cómo avanzar en una tarea titánica? Los tres coinciden en que, si bien la transparencia y la rendición de cuentas se posicionan en el debate público, falta participación social. Y es que ser proactivos no sólo significa defender un derecho, sino propiciar una mejor calidad de vida.

Eso, y que los servidores públicos dejen de ver a estos agentes del auténtico cambio como enemigos, para empezar a verlos como aliados.