Los municipios aprobaron mayoritariamente la reforma constitucional que reduce los requisitos para nombrar fiscal general del estado, abriendo las puertas a abogados que no hayan nacido, o residido por al menos cinco años, en Quintana Roo.

 

Si el criterio es la democracia, el cabildo de Othón P. Blanco hizo bien y actuó con congruencia al rechazar la reforma constitucional aprobada por el congreso estatal de abatir requisitos para ser fiscal general del estado, pues el pulso notorio de la población del municipio capitalino era de repudio.

 

Con el primer gobernador de Quintana Roo, nativo de Chetumal y venturosamente todavía muy influyente y representativo, Jesús Martínez Ross, la lucha por la autodeterminación local se decantó y surgió el Movimiento de Unificación Quintanarroense –el legendario MUQ–, con fuertes raíces en el heroico Comité Proterritorio, merecedor de una leyenda con letras de oro en el Salón de Pleno del recinto legislativo. El tema, pues, no es cosa menor para los othonenses. Es todo un valor ciudadano que aquí no prescribe.

 

El actual presidente municipal Hernán Pastrana Pastrana fue por primera vez alcalde de Chetumal precisamente en esas épocas de lucha por formar una patria quintanarroense, y ayer encabezó la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo en el salón edilicio que lleva el nombre del primer hombre en ostentar el cargo, el extinto Mariano “Mani” Angulo Basto, a quien sucedió en 1978, por lo que era previsible que la voz de la gente fuera escuchada: Othón P. Blanco votó mayoritariamente en contra de abrir la posibilidad de que algún no nativo o por lo menos residente de un lustro ocupe esa silla.

 

Para la salud política del ayuntamiento diremos, a pesar de que no compartimos la opinión, que la votación sí refleja el sentir de los capitalinos. Los regidores que votaron a favor fueron los panistas Cinthya Yamilie Millán Estrella y Manuel Aristeo Martínez Valdez. En contra votaron de la síndica Yensunni Martínez Fernández y los regidores José Luis Murrieta Bautista, Nancy Petul López, Adrián Sánchez Domínguez, Gabriela Santiago Hernández, Omar Rodríguez Martínez, Martha Reyes Mejía, Wilander Tun González, Rufina Cruz Martínez, Daniel Jiménez Pérez, María “Mari” Hadad Castillo, Julio “Taquito” Velázquez Villegas, Manuel Valencia Cardín y Emmanuel Torres Yah.

 

Normal y respetable dicho resultado, pero la realidad es que Quintana Roo es un estado cuyos habitantes somos mayoritariamente inmigrantes, unos más arraigados que otros, pero que en general ajenos a estos sentimientos nativistas: en el panorama estatal no habría de sostenerse tal postura, que avaló atinadamente el alcalde moreno Hernán Pastrana. Ante sus gobernados, importante punto fue este que se anotó el experimentado gobernante y de paso acalló parte de la grilla en el cabildo según la cual no está capacitado ya para gobernar. Se vio líder frente a poderosos adversarios como los concejales Hadad y Valencia.

 

HELADA MADRINA

 

Si el cabildo de Benito Juárez votó en contra de la reforma no fue precisamente por exaltados, amorosos sentimientos hacia la patria chica, sino por una guerra intestina en la que están enfrascados la presidenta municipal María Elena “Mara” Lezama y los demás concejales.

 

Mara fue la candidata a munícipe que el 1 de julio obtuvo más alta proporción de votos entre los municipios del estado, pero con el tema de la votación para la aprobación o rechazo de la reforma constitucional sobre los requerimientos para ser abogado del Estado se llevó un primer duro revés.

 

No sabemos si esto marcará su gestión –puede ser una sima en la curva de aprendizaje y nada más–, pero de ninguna manera luce como un buen signo, aunque en términos de la reforma a pesar de representar el municipio que gobierna más del 50 por ciento de la población de Quintana Roo para el efecto es uno entre 11, y los pronunciamientos de cuerpos edilicios necesarios –seis– para que la nueva normativa adquiriera carácter de vigencia habrían de salir de otras latitudes más previsibles.

 

Para hablar de la otra presidencia municipal en manos del Morena –amén de la afinidad de Lázaro Cárdenas, donde ganó con enjundia el petista Nivardo Mena Medina–, en Solidaridad, donde tras algunos sobresaltos al arranque la presidenta municipal Laura Beristáin Navarrete parece tener ya las riendas de ese brioso corcel bien firmes en la mano, la votación favoreció claramente a la iniciativa que abre el abanico de posibilidades para nombrar fiscal general de la entidad.

 

En uno de los municipios más pujantes de Latinoamérica y uno de los pocos con ingresos propios considerables del país, el cabildo de Solidaridad aprobó suprimir la residencia de cinco años para elegir al responsable de la procuración de justicia en el estado. Nos parece más que normal: Playa del Carmen es una de las ciudades más cosmopolitas de México, por lo que el chovinismo es exactamente lo opuesto a su carácter. ¿Cuántas personas del llamado corazón de la Riviera Maya son nacidas en Quintana Roo? Comparadas con el total de su población en verdad son minoría.

 

El primer presidente municipal de esta demarcación y luchador por su erección como tal, el famosísimo luchador social Marciano “Chano” Toledo Sánchez, no nació ahí… ni en Quintana Roo siquiera. No: ahí el nativismo no tiene ningún sentido.

 

Aunque con un impasse que en su momento despertó “sospechosismo”, la mejor explicación de la conveniencia de apoyar la modificación normativa la dio quien encabeza el ayuntamiento de Cozumel. Glosamos ad litteram el comunicado oficial:

“La Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman la fracción II, y los párrafos primero y cuarto del inciso A), del apartado A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga el párrafo segundo del inciso A), del apartado A; del artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, fue aprobada tras reanudarse la Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo, la cual entró en receso para que los integrantes del Cabildo pudieran analizar la propuesta.

 

“El presidente municipal, Pedro Joaquín, sostuvo que esta iniciativa abre muchas fronteras para poder elegir al mejor abogado del país, para que ocupe el cargo de Fiscal General del Estado, pues reconoció, Quintana Roo es la prueba fehaciente de tener grandes funcionarios públicos que no son de la entidad”.

 

“La ley abre la posibilidad de tener al mejor abogado de México como fiscal; Quintana Roo es una historia fehaciente de grandes funcionarios que han llegado de otras partes del país; ex gobernadores de este territorio como Javier Rojo Gómez, Felipe Carrillo Puerto y Andrés Quintana Roo, por ejemplo, han venido de afuera”, refirió Pedro Joaquín.

 

“Estoy a favor de la seguridad que tanto necesitamos; Cozumel y Quintana Roo merecen tener al mejor abogado de México como Fiscal General”, puntualizó el presidente municipal”. Termina la cita.

 

El otro municipio que con Benito Juárez y Othón P. Blanco en dado caso pudo haber rechazado la modificación a la Carta Magna estatal era Bacalar, pero ya no tuvo que sesionar ante la noticia de que ya seis cabildos habían dado el ansiado sí.

 

No olvidemos que hasta hace muy pocos años la ciudad de la Laguna de los Siete Colores pertenecía a Othón P. Blanco, pero lo sucedido en las votaciones en los municipios de la entidad es un signo inequívoco de que los tiempos han cambiado, pues la gente y sus representantes en los cabildos supedita en general la prosapia histórica a la sin duda menos romántica necesidad de resolver los problemas más acuciantes, y es palpable que la inseguridad y la incidencia delictiva, con altas dosis de violencia del crimen organizado, destacan entre todos los asuntos a atender.

 

 

El fiscal general, dado lo demandante del cargo en cuanto a capacidades, preparación y experiencia, debe ser el abogado más calificado y sobra decir que no por razones sentimentales, de identidad, laborales o de cualquier otra consideración es adecuado restringir la oferta de letrados al terruño. Si bien Quintana Roo está a media tabla en incidencia delictiva entre los estados del país, este fin de semana trascendió que el Inegi midió que en percepción ciudadana nuestra emblemática ciudad de Cancún, motor económico del estado, es la cuarta más insegura de la nación.

 

El nativismo seguramente seguirá siendo un rasgo distintivo de nuestra orgullosa capital Chetumal –diríamos que necesitamos que estos patriotas originarios sigan dando la batalla–, pero en el contexto de la problemática del estado y la evolución del entendimiento de la realidad sociopolítica y socioeconómica local, del país y del mundo ya está rebasado en lo general.

 

Honremos a nuestros fundadores, no repudiemos a los defensores de los derechos de los quintanarroenses –tantas veces avasallados–, pero no nos anclemos tercamente en el pasado.

 

LA DICA INICUA…

 

 

Hasta donde percibimos, solo los cargos de fiscal general y secretario de Seguridad Pública, por razones estratégicas, deben estar abiertos a nombramientos de personas originarias de otros estados de la República Mexicana si se comprobara que son más capaces que los elementos originarios del Caribe mexicano.

 

Empero si no por ley, por política en los demás cargos relevantes puede haber, si no una reserva exclusiva, una política de preferencia a los talentos locales. Esto se parece al tema de las licitaciones: no se trata de complacer al respetable público sino de buscar el mayor beneficio para el estado, pero hay que ser muy sensibles con las necesidades de la gente que vive aquí y dentro de lo legal y razonable favorecer al paisano.

 

Es lo ideal, pero en la usanza –los hechos, pues– los cargos que tienen que ver con justicia, seguridad y lucha contra la rampante delincuencia deben ser consensuados con la federación y casi siempre de deciden a sugerencia de las fuerzas armadas: la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada de México. No está en la Constitución General, pero es un valor entendido en la República, y rara vez un gobernador, sea cual fuere su origen partidista, se revela ante esta tradición. No es un tema de Carlos Joaquín, de los partidos o del congreso: es un asunto implícito en el pacto federal.

 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador explicó en la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria, que el plan nacional por la pacificación y la seguridad contempla dividir al país en 265 regiones, de acuerdo con su nivel de incidencia delictiva.

 

El inminente mandatario federal explicó que las regiones serán identificadas como de baja, mediana y alta criminalidad y los estudios establecerán los criterios para asignar la cantidad de efectivos civiles y militares que conformarán una coordinación territorial.

 

Como se ve, la tendencia nacional es establecer un mando único en los tres órdenes de gobierno, lo que por cierto pudiera compensar los severos contrastes entre los alrededor de dos mil 500 municipios del país en cuanto sus diversas capacidades de responder ante las ominosas circunstancias de inseguridad e incidencia delictiva que agobia prácticamente a todo el país.

 

También por cuestiones de brindar al nuevo gobierno federal mayores posibilidades de funcionar es menester hacer un poco a un lado nuestros orgullos locales.