Por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solamente está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente se yergue como sancionadora de los actos que realizan los poderes de la república, que por cierto son constituyentes. Por eso Uber , que tiene derechos como todos los entes, está actuando contra la Constitución al pretender cooptar al Poder Legislativo y al Ejecutivo de Quintana Roo con la ilegal intención de no ser reglamentado. Son leyes, y de primer orden constitucional.

En verdad, basta con checar la historia de la intrusión de Uber en el país, y los criterios de la Suprema Corte en el país –señaladamente en el vecino estado de Yucatán– no dejan duda de la constitucionalidad de que los estados les pongan reglas a las plataformas digitales de transporte. Citamos –El Economista, 25 de mayo de 2017–:

“El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la mayoría de las impugnaciones hechas contra algunas de las fracciones de los artículos 40 sexies y septies de la Ley de Transporte de Yucatán, la cual regula la forma de operar de las empresas de redes de transporte como es el caso de Uber.

“Este jueves 25 de mayo concluyó la discusión sobre la acción de inconstitucionalidad 63/2016 contra varios artículos de la Ley de Transporte de Yucatán, aprobada en junio del 2016, en relación con las empresas de redes de transporte (ERT). Ninguno de los artículos discutidos durante la sesión alcanzó la mayoría necesaria para poder declarar su validez o invalidez, por lo que las acciones de inconstitucionalidad fueron desestimadas, lo que implica que las disposiciones dictadas por Ley de Transporte de Yucatán son constitucionales”. 

Creemos que en Quintana Roo se está cumpliendo con la ley en el tema de los taxis tradicionales y las plataformas digitales, pues a pesar de los chantajes y amenazas de los omnipotentes sindicatos de pillos taxistas: aquí la ley les está dando la razón, y eso es lo que debe de prevalecer. Como vimos arriba, ya falló la corte, lo que hace criterio y con unos litigios más hará hasta jurisprudencia.

¿Por qué no estar sometidos a una reglamentación por la prestación de un servicio público, que le interesa a la población? Uber quiere entrar “por la libre”, clavarse ganancias millonarias y no soltar prenda. Nos parece muy bien que el gobierno les haya dicho que eso no se va a poder.

Citamos a un operador del gobierno estatal: “Los tribunales federales han establecido que el servicio de transporte de personas con plataformas tecnológicas debe contar con concesión.

“Importante manifestar que la ley no sufrió cambio de fondo, que se da opción de entrada sin multas a las plataformas pero que debemos tener la certeza del número de vehículos, cuidar la seguridad de la gente a través de un control cercano de esos permisos”.