Con grandilocuencia simbólica, el autodenominado gobierno de la “Cuarta Transformación” que encarna el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó esta semana el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, el cual contempla una inversión empresarial de más de 859 mil millones de pesos para la ejecución de 147 proyectos de diversa índole.

Este pacto entre los empresarios más acaudalados del país y AMLO es, sin duda alguna, una respuesta urgente ante el nulo crecimiento económico registrado durante el primer año del actual gobierno federal, asunto que es ya, junto con la creciente inseguridad, el más incómodo y espinoso ante la opinión pública.

Pero lo que los personajes afines a la 4T pretenden vender como un logro histórico, como una acción resultado de un gran trabajo político, no es tal, por el contrario, es una clara muestra del fracaso de la política económica que han implementado hasta hoy.

Porque el pacto con los empresarios fue darles todas las facilidades necesarias para realizar estos proyectos multimillonarios sin traba alguna, y aunque se intenta disfrazar con un toque de legalidad al asegurar que cada uno de los proyectos deberá contar con los estudios de impacto ambiental y los permisos requeridos, es un hecho que la orden desde Palacio Nacional es dar el visto bueno ignorando posibles irregularidades, como en el caso del polémico proyecto Grand Island Cancún, anunciado por cierto, dentro de este paquete de inversiones.

Que nadie se confunda: los empresarios no son ángeles de la caridad ni tampoco unos patriotas consagrados; no es su papel salvar al país, sino ganar dinero. El capitalismo salvaje, ese que tanto sataniza en su discurso el presidente, es su único lenguaje. Así que si no dudaron en cerrar el trato con un apretón de manos es porque olfatean la disposición -por no decir debilidad- institucional para hacer grandes negocios con el aval presidencial.

Para colmo, mientras AMLO cacarea la multimillonaria cifra como una victoria, el presupuesto federal aprobado la semana pasada castiga con severidad la inversión pública en infraestructura en los estados, ahondando con ello la desigualdad entre zonas de alto desarrollo y las de mayor marginación.

El botón de muestra lo tenemos aquí en nuestro Quintana Roo, donde los capitales privados pondrán en juego más de 30 mil millones de pesos para proyectos concentrados en Cancún, Cozumel y la Riviera Maya. En contraste, para el centro y sur de la entidad, zonas nada atractivas para la inversión privada, no hay ni un solo peso de dinero federal para mejorar la infraestructura básica.