Ante las presiones financieras provocadas por el redireccionamiento de recursos federales a los “programas sociales” de la 4T para el 2020, el gobernador Carlos Joaquín González lanzó una iniciativa -anunciada con antelación- al Congreso local para su aprobación, con la finalidad de obtener algo de oxígeno extra para las arcas estatales sin caer en nuevo endeudamiento.

La jugada financiera no fue intempestiva; por el contrario, fue un asunto que se fue cocinando a fuego lento en espera del rumbo que tomaría la política económica del gobierno federal y de la aprobación final del presupuesto para el estado del próximo año.

De hecho, a principios del pasado noviembre Carlos Joaquín atajó los rumores crecientes de que se estaría optando por solicitar un nuevo crédito a largo plazo, acción que, por supuesto, podría justificarse en la coyuntura actual.

“No creo que haya ninguna ampliación de la deuda, sino mejoras en la forma en que esta opera, que esto también permita que tengamos la posibilidad de mayores flujos de efectivo, más que ampliar los montos de deuda”, declaró en una entrevista para el portal electrónico que dirijo, dando el norte de lo que se formalizó este miércoles.

Un antecedente previo se dio en septiembre, en el “Informe a detalle” de la secretaria de Finanzas y Planeación, Yohanet Torres Muñoz, quien señaló entonces que “la instrucción que siempre ha dado el gobernador Carlos Joaquín es que todos tenemos que trabajar para que la economía en Quintana Roo siga adelante, el crecimiento no lo vamos a tener de recursos federales, tenemos muchas herramientas para aplicar antes de adquirir una deuda”.

Y esas herramientas se tienen gracias a la disciplina en las finanzas que ha impuesto el gobierno con Yohanet Torres al frente de la difícil misión, pues en este año se reportaron dos indicadores fundamentales que abren la puerta para conseguir mejores condiciones crediticias: la amortización de más de 200 millones de pesos de la deuda existente, y el incremento del 30 por ciento en la recaudación propia.

De aprobarse el refinanciamiento -es casi un hecho, porque los diputados locales están más que conscientes de la situación-, el estado pasará de pagar 172 millones de pesos al mes con las condiciones actuales, a 129 millones a partir de 2020, lo que representa un ahorro anual cercano a los 500 millones, cantidad que si bien no resuelve los problemas, brinda un necesario respiro en momentos de presión.