México está bañado en sangre. Es una realidad que duele reconocer y que es incómoda para los gobernantes de todo nivel, pues es un flagelo multifactorial que se nutre de las carencias y deficiencias del sistema político y de la propia sociedad, lo que ha ocasionado que combatirlo sea sumamente complicado. No hay receta ni estrategia “mágica” para acabar con el monstruo de la violencia desatada.

Este miércoles, el periodista internacional Jorge Ramos nuevamente confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador con este tema, esgrimiendo los datos duros de asesinatos que colocan al 2019 como el año más sangriento de la historia reciente de México y preguntando, una vez más, como se pretende detener este creciente tumor que aqueja al país entero.

El presidente respondió de forma superficial, sin dejar de culpar al pasado, habló sobre algunas de las políticas con las que su gobierno espera disminuir el embate de la delincuencia atendiendo las causas, que para él la principal de todas es la pobreza.

Más allá de la vaga respuesta presidencial en la mañanera, lo cierto es que empiezan a verse algunos esfuerzos claros para formular una ecuación que permita, a mediano plazo, bajar el índice rojo. Muestra de ello fueron los acuerdos tomados en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México el pasado martes en la Ciudad de México donde se definieron tres puntos esenciales: • Anteponer la neutralidad política en materia de seguridad; hacer prevalecer el principio de unidad en torno a los grandes problemas que aquejan al país; y mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el fin de fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Si bien estos encuentros y acuerdos son importantes, es necesario incluir en los trabajos a nivel federal y local al Poder Judicial y a los Tribunales Superiores de Justicia, ya que ninguna estrategia estará completa si no se atiende también la altísima tasa de impunidad en la aplicación de la ley.

Porque sin consecuencias para los delincuentes, no habrá prevención ni vigilancia que valga.

El Rebote

Estrenando su nombramiento como vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia, el gobernador quintanarroense, Carlos Joaquín González, estuvo muy participativo en la mesa de trabajo de la reunión con el gabinete de seguridad federal, siendo uno de los interlocutores clave entre entidades y Federación para la toma de acuerdos. ¡Bien!