Ya lo hemos vivido y demasiadas veces: los gobernantes de todos los niveles y todos los poderes siempre nos dicen que las cosas marchan de maravilla, que estamos a punto de codearnos con las sociedades pudientes, con los primermundistas, y que ya podemos ir considerando el atraso, la pobreza y la corrupción como cosa de un pasado al que nos condujeron malosos desalmados y sus venales cómplices. Siempre se dijo pero nunca fue cierto.

Sin embargo se supone que a los gobiernos cada vez les costará más trabajo ser opacos y mentirosos: hoy entra en vigor a nivel nacional el Sistema Nacional Anticorrupción, que no es una graciosa donación de los gobiernos sino una conquista de la sociedad civil organizada, que en todos los órdenes nace lisiado, sin responsables de los nuevos órganos pero con la obligatoriedad de las instituciones del Estado de actualizar sus ordenamientos. Sin cabeza la fiscalía, sin árbitros la instancia jurisdiccional, tendrán que ser los fiscales y procuradores del país y los togados de la justicia común y federal quienes supletoriamente hagan cumplir los mandatos respectivos.

En Quintana Roo, estado con una agenda legislativa bastante cargada, se hizo un esfuerzo por sacar antes de hoy, fecha límite, las leyes secundarias del capítulo local del sistema, y no dudamos que la comisión respectiva que encabeza la diputada Mayuli Martínez Simón hizo un esfuerzo serio con las agujas del reloj a punto de juntarse en la parte superior de la carátula, lo que no quisiéramos ver como legislación cocinada en microondas.

Tenemos, pues, leyes, y ya decidirá el gobierno de Carlos Joaquín González, uno de los entes obligados a la transparencia y la limpieza administrativa, si quiere hacer del articulado nuevo y el reformado su amigo o su enemigo, pero lo importante es que ya está en el bagaje de la opinión pública.

Nos dice el gobernador que del último lugar en percepción de corrupción gubernamental pasamos en seis meses de 2017, primer año de gobierno 100 por ciento joaquinista, del último lugar al decimoquinto sitio en la tabla nacional de la ignominia de la rufianesca burocrática. Habrá que esperar más o menos a mediados de 2018 para conocer el respectivo estudio del INEGI, pero seguramente Carlos Joaquín es consciente del filoso trompo que se echó a la uña con esta aseveración que tarde o temprano será verificada o, como dicen los neopositivistas, falseada por la realidad.

Pero se supone que ya no tenemos que esperar tanto: habrá que conocer detalladamente los instrumentos con los que desde ayer contamos y someterlos insistentemente a la prueba de la realidad para ver qué tanto la mecánica de la transparencia establecida en las leyes nos permite conocer, por decirlo así, en tiempo real, la limpieza o el desaseo del desempeño gubernamental e, incluso sin ser tan dramáticos o maniqueos, la simple y llana calidad del desempeño gubernamental.

El presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, nos aseguró en entrevista que las cosas relativas a la transparencia y la anticorrupción funcionarán desde ya, pero tampoco habrá que esperar mucho para ponerle nombre al niño, pues entre 45 y 90 días tomará integrar todos los órganos, tanto administrativos como ministeriales y judiciales.

Sabremos pues también si es cierto que, como nos dijo el titular de la Sefiplan, Juan Vergara Fernández, de un lugar digno del olvido pasamos al cuarto nacional en recaudación, tercero en transparencia y a cero pesos en pasivos después del borrón y cuenta nueva que se plantea desde la renegociación de la deuda del año pasado.

No les creamos. Vamos estudiando las leyes anticorrupción, ciudadanizando los órganos y socializando los resultados para que no sea palabra de funcionario, sino cuentas contantes y sonantes las que nos digan si vamos bien o, de cara a las próximas elecciones de alcaldes, diputados y senadores, nos regresamos… o de plano nos echamos de cabeza en lo más profundo del mar Caribe.

Es que aquí, como el santo Tomás, “hasta no ver…”