Entre los funcionarios que son el círculo de confianza de un gobernante, en cualquier estrato de la administración pública, siempre hay uno que nombra a su “patrón” con una expresión propia, casi secreta, por la relación de amistad personal existente.

El arresto en Brasil de los ex funcionarios de la Delegación Benito Juárez, de la Ciudad de México, Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini, acusados por autoridades cariocas de ser los presuntos protagonistas de un ataque sexual, es una historia que sería develada al saberse quién extendió la invitación a los panistas a pasar una semana gratis, recorriendo puntos “alternos” a los estadios de la justa mundialista para “nuevas experiencias”.

Eguren y Medina eran los directores de las áreas responsables de la adquisición de software. Versiones insisten en que los ex diputados fueron involucrados por un conflicto millonario de intereses de la amplia corrupción que caracteriza a la delegación más salpicada por este lastre que se realiza con las licitaciones, el techo financiero por el cual los gobiernos compran con dinero público.
 
Las versiones sostienen que los dos políticos habían amarrado un negocio de millonarias ganancias con el representante comercial de una empresa para el desarrollo de software, identificado como Mateo Codinas Velten, quien junto con ellos también fue apresado. Las “comisiones” empezaron a ser pagadas con el viaje a Brasil.

Los argumentos esgrimidos por los abogados de sus familias, exhiben que la trasnacional fue la beneficiaria de proveer el software para el recién inaugurado Centro de Soluciones de la Delegación Benito Juárez.

Eguren Cornejo era el director general de Desarrollo Delegacional, y Medina Pederzini, director general de Gabinete y Proyectos de la Benito Juárez, donde se puso en marcha el fastuoso desarrollo de tecnología.

La céntrica posición de la Benito Juárez, la convierte en cruce de caminos entre las diversas zonas de la Ciudad de México. Su población convive diariamente con dos millones de visitantes y hay una intensa actividad económica estimada en tres mil 350 millones de dólares al año.

La investigación de un rotativo levantó ámpulas entre los funcionarios delegacionales, y el titular, Jorge Romero Herrera (35 años), negó las imputaciones que por las que destituyen a sus amigos en los cargos. Se negó además a dar copia del contrato celebrado con la empresa que invitó al viaje gratis a Brasil.

Cierta o no la sospecha, vale el ejemplo para recordar a quien trabaja en una administración gubernamental, verdaderamente ser ejemplo de servicio público con dignidad, honestidad y respeto hacia sus carreras, familias y ciudadanos. Nunca se sabe dónde se cortará el hilo de la madeja. O si será su propio “capi”, el que se la corte.