Del quinto lugar que tenía en 2015 entre 17 economías de América Latina, pasó al décimo primer lugar en 2023. En ese periodo, México fue desplazado por Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Paraguay. Todos estos países hoy son considerados más seguros para invertir. 

Este nivel de riesgo mexicano sale muy caro a las finanzas públicas. Calculado por JP Morgan Chase, el Riesgo País se llama técnicamente EMBI (Índice de Bonos de Mercados Emergentes, por sus siglas en inglés) y se basa en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. 

El EMBI es la diferencia entre las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares de países subdesarrollados frente al Bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, que se considera "libre de riesgo". Así pues, el EMBI de un país determinado es igual a la tasa mínima que exigiría un inversionista para invertir en ese país. Hasta la primera mitad de julio de este año, el Riesgo País de México aumentó 45.9 por ciento comparado con el nivel registrado al cierre de julio de 2015. 

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, recordó que el 2015 fue un año en donde existía una alta volatilidad en el tipo de cambio y Donald Trump se quedó como el candidato único del Partido Republicano. "Ya en el 2016 ganó Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, y el tipo de cambio alcanzó un máximo histórico, luego entró el Brexit, y estos factores generaron aversión al riesgo a nivel internacional y sobre México también", apuntó. 

Señaló que la aversión al riesgo en la economía mexicana es evidente con la salida de capitales de valores gubernamentales en lo que va del año. "En mayo es cuando ocurrió la mayor salida de capitales y en ese mes fue cuando se dieron los decretos y la toma de posesión temporal de las vías de Ferrosur, entonces, es evidente que ahora la política económica interna genera incertidumbre y mayor aversión al riesgo; yo creo que también la inseguridad pública que se vive en el País (está perjudicando)", apuntó. 

Consideró que es posible que continúe la salida de capitales en lo que resta del año, sobre todo porque las elecciones presidenciales están cerca. "En 2023 hay una alta posibilidad de que siga aumentando el Riesgo País porque nos acercamos a las elecciones federales del siguiente año, y lo que pudiera causar más miedo es que el partido Morena gane la Presidencia y la mayoría en el Congreso, sobre todo porque no habría un contrapeso sobre posibles cambios drásticos a la Constitución", apuntó Siller. 

Descartó que el nivel de endeudamiento del País, afecte el indicador de Riesgo País. "Creo que el mayor endeudamiento no se ha visto reflejado en una mayor razón de deuda sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y eso no ha llevado a recortes de la calificación crediticia de la deuda soberana. Hacia adelante el tema de las elecciones siempre genera incertidumbre", dijo. 

Agregó que México está en la lista de los países que han tardado más en recuperarse de la pandemia del Covid-19, lo que también pudiera representar un factor que influya en el aumento del Riesgo País. 

Aumentó 34% el costo financiero de la deuda

En la primera mitad del año, el costo financiero de la deuda aumentó 34% en comparación anual en medio de las altas tasas de interés que se mantienen tanto en México como en el mundo, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

De acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer semestre del año, el gobierno desembolsó 553,268 millones de pesos en el costo financiero de la deuda, es decir, en el pago de intereses y otros aspectos por el endeudamiento que tiene el país. 

Si bien en el año el costo financiero ha repuntado, respecto a lo programado apenas va 632 millones por arriba, por lo que Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, indicó que no representa una presión significativa para las finanzas públicas. 

Aunque las tasas de interés se encuentran en niveles elevados y máximos históricos, el costo financiero no representa una presión significativa para las finanzas públicas pues su crecimiento, respecto a lo presupuestado fue de apenas 0.2% encontrándose en línea”, indicó el subsecretario de Hacienda. En este sentido, el subsecretario afirmó que el aumento de tasas está considerado en la programación presupuestal de este año. 

Este año el costo financiero prendió los focos al repuntar de manera significativa, esto ante el aumento de tasas de interés de que, en México, se encuentra en 11.25%, un nivel máximo. 

El aumento preocupó ante las diferentes presiones de gasto que existen, como es el pago del servicio de la deuda y las pensiones, así como por las necesidades de gasto en otros rubros como salud, educación, seguridad, entre otros. 

En el caso del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia se ubicó en 14 billones 60,651 millones de pesos, 45.8% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con Hacienda, el dato confirma una trayectoria estable y sostenible. 

Persiste el subejercicio. En la primera mitad del año, a la par de menores ingresos públicos, se observó un subejercicio del gasto, es decir, el gobierno gastó menos de lo programado en el periodo. En total, entre enero y junio de este año el subejercicio del gasto público fue de 279,829 millones de pesos, lo que es mayor al presupuesto ejercido en el mismo periodo por el ISSSTE, de 228,668 millones de pesos. 

En total, el gasto público ejercido en la primera mitad del año fue de 3 billones 884,727 millones de pesos, lo que representó un aumento de 3.7% en comparación anual. Al interior, el gasto programable fue de 2.6 billones de pesos, lo que representó una caída de 0.9 por ciento. 

En este rubro, en donde se considera el gasto para los servicios a la población, los ramos autónomos presentaron una caída de 1.2% anual, con recursos ejercidos por 58,899 millones de pesos. 

En tanto, los ramos administrativos mostraron un gasto de 876,152 millones de pesos, 7.3% más en comparación con el mismo periodo del 2022. En el caso de los ramos generales, el gasto ejercido fue de 1.1 billones de pesos, 5.0% más anual. El gasto no programable, por su parte, fue de 647,755 millones de pesos sin considerar el costo financiero, 3.6% más en comparación anual. 

Al interior, las participaciones a los estados y municipios sumaron 622,959 millones de pesos, apenas 0.6% mayor anual. Los ADEFAS y otros gastos fueron por 24,795 millones de pesos, 334% más anual.