El pasado 1 de enero de este año el muy afamado Seguro Popular desapareció para darle paso al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Entre los muchos puntos que se tomaron en cuenta para su desaparición fue el de garantizar que no existan más catálogos de enfermedades pendientes de atender por la vía de la subrogación de servicios médicos por parte del Estado. Es decir, salud para todos, con costo al erario. Lo anterior suena excelente siempre y cuando las entidades a través de los titulares de las áreas de salud y direcciones administrativas sean capaces de organizarse y sobre todo atender al pie de la letra los nuevos lineamientos federales.

En el caso de Quintana Roo con Alejandra Aguirre Crespo como titular de Salud y Elvia Aguillón Moreno como directora administrativa no hay duda alguna de que sabrán aplicar y trabajar de manera coordinada con las autoridades federales en el tema, sobre todo porque es de reconocer los enormes esfuerzos que ha realizado el Gobierno del Estado en materia de salud teniendo un manejo transparente de las finanzas. Y es que como parte de las acciones de transformación del sistema de salud pública que implementa el gobierno federal para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población, a partir del primero de enero de 2020, los beneficiarios del Insabi solo deberán presentar su credencial del INE, la Clave Única de Registro de Población (CURP) o su acta de nacimiento para recibir los servicios públicos de salud.

El Insabi promete, según los legisladores de Morena, brindar atención para la salud integral de las mexicanas y los mexicanos, garantizando la prestación de servicios gratuitos, medicamentos e insumos para quienes no cuenten con seguridad social. Con el nuevo instituto, las actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades se desarrollarán a su máxima capacidad, sin descuidar la atención a las personas enfermas, a través de redes integradas que incluyen hospitales y servicios especializados.

Así pues, el reto venidero para la nueva institución de salud no será nada sencillo pues para 2024 se deberá haber cubierto de manera total el sistema de salud universal y gratuita, además de la ampliación del catálogo de enfermedades y padecimientos. Aquí en este tema hay preguntas, ojo por ejemplo: ¿Con qué estructura hospitalaria, administrativa y financiera va a trabajar?, ¿Realmente es posible otorgar gratuitamente servicios de salud que puedan requerir todas las personas sin seguridad social que suman más de la mitad de la población?, ¿La centralización de los recursos destinados a la prestación gratuita de servicios de salud como la compra consolidada de medicamentos realmente permitirán eficiente el gasto y combatir la corrupción?

Recordemos que las compras serán realizadas directamente por la Federación es decir los estados no tendrán injerencia en ello y eso lo deberá tener en cuenta la ciudadanía al momento de que pida un servicio médico o una medicina y que le digan que no hay, ya que estamos acostumbrados a culpar el gobierno estatal de ese “fallo”, pero ahora que todo cambia ¿será igual o lo defensores de la 4T recriminaran a AMLO la falta de medicinas?; eso no lo sabremos hasta pasados unos cuantos meses de funcionar este nuevo sistema. Esperemos que, por el bien de todas y todos los mexicanos, esta nueva apuesta del presidente llegue a buen puerto y no solo sea un capricho más de eliminar un programa creado por sus antecesores y la famosa “mafia del poder”.