Las necesidades sociales no las define la coyuntura, pero sí determina en gran medida las acciones de las instituciones del Estado, y esto viene a colación porque en menos de dos semanas el Congreso de Quintana Roo deberá arrancar el análisis del primer informe de gobierno de Carlos Joaquín González, deberá aprobar el paquete fiscal 2018 y se enfocará profundamente a la construcción y aprobación de la reforma electoral local; con ello los temas del primer año de gestión comenzarán a quedar de lado.

Seguramente en el discurso los legisladores insistirán en que los temas del pasado, como los juicios políticos, seguirán ocupando gran parte de la agenda del periodo ordinario que está por comenzar en septiembre, pero si se considera que en este periodo deberá aprobarse el presupuesto con que operará el gobierno estatal en 2018 y muchos de los integrantes de la actual legislatura están con miras a solicitar licencia para ir en pos de otro cargo de elección popular, pareciera pues que los temas a abordar tendrán que ver más con el futuro que con el pasado.

Por ejemplo, el 09 de septiembre –en dos semanas– el gobernador presentará su primer informe; sus antecesores hicieron del acto un evento de lucimiento personal en el que lo que menos había era rendición efectiva de cuentas y, por parte del Legislativo, revisión a fondo del documento presentado; si la XV Legislatura pretende mostrarse como un contrapeso real  de cogobierno, deberá llamar a comparecer a todos aquellos funcionarios cuyo desempeño en el primer año de gestión han generado dudas sobre su labor, especificando las acciones para corregir el rumbo, reconociendo lo bien hecho, pero además puntualizando todo aquello que, además de ser incorrecto, debe cambiarse en pos de mostrar que los poderes actuales buscan hacer honor al lema adoptado de “hay cambio.”

Además, desde hace tres semanas la Legislatura, en conjunto con los partidos políticos, trabajan en la adecuación del marco normativo que fijará las reglas de competencia por el poder y, considerando que el proceso electoral local comenzará la segunda quincena de diciembre del presente año, la fecha límite para la aprobación de la reforma electoral es el 15 de septiembre próximo. La tarea es compleja, considerando que deberán adecuarse leyes nacionales para posibilitar la reelección de alcaldes y diputados, ampliar las leyes que posibiliten las candidaturas independientes y su acceso a los cargos públicos y modificar la manera en que se asignarán desde ahora las llamadas diputaciones de representación proporcional –o plurinominales–, sólo por mencionar algunos temas.

Pero no son los únicos temas que ocuparán la atención del Legislativo, pues además de las adecuaciones legales tiene pendientes la designación del fiscal especializado en Combate a la Corrupción; el auditor superior del Estado y la conformación de todos los órganos encargados de la revisión de cuentas estatales. Ante esto, ¿dónde quedan pues los juicios políticos en contra de los ex funcionarios que saquearon las arcas estatales? Por ahí, en alguna parte del discurso, pero ya no como prioridad.

Más aun, desde mayo pasado el gobernador Carlos Joaquín González solicitó a la XV Legislatura abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la intención de construir una nueva ley y fortalecer los mecanismos estatales de protección, derivado de un llamado nacional hecho por el presidente Enrique Peña Nieto, pero dados los pendientes legislativos, pareciera también que el tema quedará para otras coyunturas. Ojalá, por cierto, la realidad y los ataques a los representantes de los medios de comunicación no vuelvan a poner “de moda” el tema.

Finalmente, en septiembre que está por iniciar, se cumple un año de que Uber comenzó a operar en Quintana Roo, y la XV Legislatura se ha comprometido a aprobar una Ley de Movilidad que regulará el servicio y posibilitará además identificar los requerimientos de infraestructura urbana en los once municipios. ¿Hay entonces posibilidad de seguir anclados en los temas del pasado? Difícilmente; aun cuando ello implicaba el ajuste de cuentas a quienes hicieron de las arcas públicas un botín privado.