José M. Ramírez Hernández

La corrupción en la delegación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) en el municipio de Benito Juárez, propiciada por todo su personal, ha quedado evidenciada, y parece no tener freno. Cada día son más los dueños de camiones y vehículos de transporte de carga privada y de servicio público que se quejan de los abusos de todo el personal de Sintra, quienes han convertido a esta dependencia en una empresa a su servicio y disposición, obteniendo muy buenas ganancias por las extorsiones.

Esta delegación pareciera una sucursal del hampa, pues en todas sus detenciones salen a relucir golpeadores y gente armada al servicio de líderes charros, así como el uso de patrullas sin placas.

Son muchas las empresas que caen en las garras de inspectores de Sintra, desde camionetas de media hasta de cinco toneladas, que tienen placas del Servicio Público Federal, y que sirven de carga, cuyos propietarios le pagan hasta 15 mil pesos mensuales a los inspectores de Sintra para que puedan trabajar sin ser molestados, debido a que no tienen permisos para operar dentro del municipio.

Pero eso no es todo, porque a los operadores de los camiones que cargan a los trabajadores en las inmediaciones del parque La Rehoyada se les cobra mil pesos a cada uno para permitirles seguir con su trabajo, recibiendo así ingresos de más de 30 mil pesos diarios.

El Crucero no se salva de las garras de un inspector de nombre Gimer Alejandro Povedano Zetina , (incondicional de Alejandro Ramos) pues ahí los choferes de otras empresas recogen a los trabajadores, sin embargo, por cada obrero que trabaja en la industria de la construcción, al conductor se le cobra 15 pesos para poder trasladarse hasta el centro de trabajo.

Generalmente, estas unidades con placas del Servicio Público Federal no tienen permisos debido a que no pueden demostrar el pago del 3 por ciento sobre nómina, lo que les imposibilita contar con los permisos correspondientes para el traslado de trabajadores, por lo que caen en la red de extorsión tejida por Gimer Alejandro Povedano Zetina, mencionado precisamente en los audios publicados por esta casa editorial.

El modus operandi de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) ha sido el detener las camionetas a partir de media tonelada, para aplicar la llamada Ley Estatal de Transporte.

Los inspectores argumentan los Artículos 82 y 83 de una ley establecida en 1988, los cuales no contemplan la regulación del servicio particular de transporte.

Este argumento es el que se utiliza dentro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para multar, detener y extorsionar a todos los comerciantes de la zona norte.

Sintra ha aprovechado muy bien esta falta de regulación, pues si bien ha multado a algunos transportistas, también ha extorsionado con cantidades que van desde los mil a los 15 mil pesos mensuales.

Es de señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro de permisos por circular con carga sobre las carreteras y vialidades de Quintana Roo. Pero en la entidad, la Sintra ignora la normatividad.