No solo se trata de Franklin. También soplan otras “tormentas”, con impactos más brutales en distintos ámbitos, cuyos efectos deberán ser sorteados por autoridades de los tres niveles para poder avanzar con solvencia hacia lo prometido. Se trata de problemáticas en seguridad, política, economía y sociedad, por mencionar rubros esenciales.

Los embates más duros se perciben en seguridad. Los registros de ejecuciones, por ejemplo, están en niveles históricos producto de enfrentamientos entre bandas criminales y supuestas venganzas políticas. Abundan los rumores al respecto, que apuntan a grupos antagónicos a los de hoy en el poder.

En últimas semanas han disminuido las cifras gracias a estrategias entre los tres órdenes y el incremento de la denuncia. Pero están lejos de lograr la paz. Es que la violencia se padece de múltiples formas en el estado, donde se presentan tasas inquietantes de violaciones, extorsiones y secuestros. A eso se suman reportes en delitos graves como la trata.

Esa aparente intromisión de grupúsculos en la vida política, y que habrían atentado contra la seguridad, explicaría por sí misma las campañas de desprestigio contra gobernantes, las trabas administrativas para completar auditorías, la dificultad para sucesiones en curso o la curiosa correlación de fuerzas partidistas en desarrollo, con desbandadas y nuevas alianzas rumbo al 2018.

En economía, los porcentajes de endeudamiento y las acusaciones por saqueos al erario (líos heredados por anteriores administraciones) son controlados paulatinamente por los actuales servidores públicos, un crédito que se adjudican principalmente en Hacienda estatal, aun cuando en los ayuntamientos el trabajo también se ha hecho.

Dicha capacidad de maniobra, si bien se ha visto reflejada en reclasificaciones de créditos, más inversiones y empleos, deberá consolidarse ante posibles contingencias o crisis más allá de las fronteras estatales. Los expertos aseguran que la situación aún es vulnerable y no pueden cantar victoria.

El todavía escuálido desarrollo democrático (un tema evidentemente político pero que impacta en cuestiones sociales), deja en evidencia las debilidades de los derechos políticos y las libertades civiles, como la inequidad de género, el bajo desempeño en educación, las carencias en salud, entre otros tópicos.

La pobreza, la desigualdad, el daño a los ecosistemas o el incipiente combate a la corrupción, deben ser prioridades por resolver, tanto para funcionarios de primer nivel, como para empresarios, activistas y ciudadanos en general.

Es verdad que se progresa en varias materias. Las estadísticas del último año demuestran que prevalece el interés por superar los retos y apuntalar aquellas dinámicas en las que Quintana Roo es líder, como el turismo. Por lo tanto, es momento de sumar voluntades, sobre todo, promoviendo la participación ciudadana. Y es que se ha cometido el error de no asumir responsabilidades o endilgar culpas equivocadas. Aunque siempre es buen momento para rectificar.

Si serán superados estos problemas, solo se sabrá en unos meses. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Veremos.

 

                                                        Desorbitado

Antonio León Ruiz es el nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien tiene un reto fundamental: promover la impartición de justicia de calidad, con rostro humano, conciliadora, transparente, imparcial e independiente, para contribuir con el Estado de Derecho y la paz social. Lo que hasta ahora no se ha hecho, claro está.

Más allá, inclusive, deberá considerar la consolidación de un Poder ético, de vanguardia y sensible, que privilegie la solución de conflictos con estricta garantía de los derechos humanos a través de todos los medios disponibles.

Tiene una tarea titánica desde el minuto uno.