Un tema que en las últimas semanas ha causado gran revuelo, sobre todo en los diversos grupos de periodistas, reporteros, columnistas y demás amantes del periodismo es la ley de protección a periodistas y derechos humanos. Una realidad concreta y para entrar en materia es que en la actualidad existen dos actividades altamente riesgosas en México, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Lo anterior desde hace años está obligando a los estados y al propio gobierno federal a generar opciones para garantizar el derecho de libertad de expresión, así como defender los derechos humanos.

Hoy en día los titulares de varios medios nacionales encabezan sus noticias como: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con heridas de bala o secuestran a periodista. México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros están desaparecidos y, se cree, muertos. En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. 

Considero que el deber del Estado no es únicamente dejar hablar, sino garantizar que nadie sufra represalias por lo que diga. Ahí han fallado los sucesivos gobiernos de este siglo, pues no pueden proteger a los que con su trabajo incomodan al sistema.

El periodista no es una persona que demande protección especial por el hecho de ser periodista, como se ha malinterpretado a raíz de los anuncios hechos por la Presidencia para reforzar fiscalías contra delitos a comunicadores. Es claro que hoy debemos ir más allá. Particularmente, es importante ampliar e intensificar las acciones a nivel local en total coordinación con la Federación para que las y los periodistas puedan realizar su labor sin temor y sin ninguna restricción en cada una de las entidades federativas.

Ha quedado claro que el compromiso de proteger a los periodistas en México debe estar basado en el trabajo corresponsable con los gobiernos locales, ya que de otra forma será muy difícil hacer frente a las agresiones en contra de periodistas. Muchos de mis compañeros periodistas se han de preguntar ¿Qué gobiernos estatales protegen el ejercicio del periodismo, cuando todavía la censura y el ataque a la libertad de expresión siguen estando presentes? Y la pregunta toma mayor relevancia cuando vemos que desde hace más de 4 años no se ha podido aterrizar de manera general dicha ley en nuestro país. Este es un tema que tiene mucho para comentar y escribir, lo que es real es que en México no tan solo la sociedad en general, sino también el gremio ha dejado de creer en el gobierno.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través de la cual se creó el Mecanismo Federal, en su artículo 17, obliga a la Coordinación Ejecutiva Nacional a ser el órgano responsable de coordinarse con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y con organismos autónomos, a efecto de garantizar el funcionamiento del Mecanismo para que éste cumpla el objetivo por el cual fue creado, consistente en brindar medidas de prevención y protección, así como su cabal implementación y seguimiento. Sin embargo, a más de cuatro años de la creación del Mecanismo Federal, no podemos hablar de una coordinación efectiva entre la Federación y los estados de la República. De hecho, la ausencia de colaboración estatal y municipal en la implementación de medidas es una constante. 

Actualmente y tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por parte del crimen organizado o de funcionarios, la prensa escrita o electrónica se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.

Otra situación que no abona es la de por ejemplo que en ocasiones algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.