El derecho laboral actual, vieja herencia de los tiempos de la explotación casi esclavista de la era pre digital se retuerce como un enramado de oportunidades de corrupción sin fin. La posibilidad absurda y medieval de ser acusado por una persona sin necesidad de demostrar ningún tipo de vínculo laboral con el demandado es arcaica y sin razón alguna.

Lleva la reclamación de auténticos derechos laborales a un plano digno de denuncias calvinistas de brujería. Sólo deja expuesta a la parte acusada a defenderse e incurrir en gastos legales para demostrar la inexistencia del vínculo que se pretende. En otros tiempos eso podría ser un proceso normal para descartar un fraude, pero en esta nueva época digital, la inexistencia de una tarjeta de seguridad social nacional donde se plasme toda la información laboral de un individuo de manera accesible para las autoridades es absurda.

La antigüedad de las leyes concernientes a procesos penales laborales da pie a verdaderos nidos de corrupción. He sido testigo de obras donde los abogados penalistas, en contubernio con las Juntas de Conciliación y Arbitraje se paran como vendedores fuera de las mismas ofreciendo a los trabajadores la oportunidad de demandar a sus empleadores. La inexistencia de la certeza total de notificación de demanda a los demandados da carta blanca a la colusión de las autoridades con despachos corruptos para fabricar juicios injustos que a causa de desconocimiento terminan en rebeldías o sentencias.

Ahí no termina todo, la ley permite incluso que la demanda se vuelque sobre terceros que no tiene obligación más que contractual con los demandados iniciales.

Resumiendo: una persona puede demandar sin problemas de manera fraudulenta a un empleador incluso aunque no haya sido empleado del demandado pues es éste entonces el que tiene que demostrar la ausencia de vínculo laboral.

Luego, con el contubernio de un despacho y de las autoridades, esta demanda puede prosperar sin que la autoridad tenga constancia auténtica de la notificación, eso ni es necesario. La ley contempla la posibilidad injusta de que se “notifique” a terceros que incluso no pueden desprenderse de la obligación judicial del caso mediante un contrato firmado de prestación de servicios que los exima de responsabilidades.

Al existir la posibilidad de dirigir la demanda a cualquier persona física o moral, la oportunidad de obtener pingües beneficios se potencia. Las empresas y personas físicas se ven obligadas a pagar verdaderas extorsiones de despachos y autoridades corruptas que se aprovechan de una ley tan bárbara y fuera de época. La reticencia de los legisladores de emitir una reforma a las leyes laborales que incluyan elementos modernos como un sistema de seguridad social único a nivel nacional deja a toda la masa labora en un estado de hormiguero sin control que termina siendo víctima de patrones explotadores en muchos casos o deja expuestas a las empresas y empleadores a vulgares y criminales extorsiones en hojas tamaño oficio y con todos los sellos que las autentican.