En una de sus primeras mañaneras del año, la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos gobiernos están usando el pretexto de la austeridad para cobrar más impuestos a la ciudadanía. Tuvo repercusiones.

Lo anterior, en el marco de los recortes al gasto federalizado, el endeudamiento en algunas entidades, los refinanciamientos en otras, las alianzas que exigen un nuevo pacto fiscal principalmente de los panistas y los “balconeos” en temas de seguridad que parecen responder a esa lógica de antagonismos.

Lo cierto es que aquí sí ha habido una reducción quizá no discrecional porque se atienden parámetros que a veces, claro está, no son justos; por ejemplo, para Quintana Roo, que tanto contribuye con turismo y el dinero de vuelta de la Federación ha resultado insuficiente.

También es cierto que algunos gobernadores buscan la deuda para pagar más deudas, una tendencia agravada en el sexenio anterior: mientras en 2013 el 67 por ciento de la contratación se usó para el desarrollo de infraestructura, en 2018 sólo fue el 8 por ciento. No alcanza, dicen.

No menos cierto es que los refinanciamientos dan alivio siempre y cuando los números actuales y las proyecciones lo permiten, y si es que el contexto lo hace comprensible. Lo que dejó Roberto Borge con una deuda disparada (aún no se ha esclarecido el destino de los recursos) justifica las reestructuras en marcha como desahogo. Ninguna duda al respecto.

“Algunos estados y municipios recibieron las arcas vacías y con mucha deuda”, sostuvo López Obrador en la citada conferencia, y añadió: “Se endeudó porque era parte del negocio que tenían los altos funcionarios públicos”.

Algo es importante recalcar: la administración de Carlos Joaquín González ha evitado no solamente imponer nuevos gravámenes a la población, sino también recurrir a un mayor endeudamiento al que dejaron las dos últimas administraciones estatales. Recordemos: una deuda de poco más de 9 mil millones de pesos en 2011, alcanzó los 22 mil 247 millones en 2016, poco antes de comenzar su mandato.

Con ese criterio, que deviene en un manejo eficaz de las finanzas públicas, es insostenible, por otra parte, jugarretas como el vapuleado “séptimo transitorio” de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2020, que exenta a casinos con inversiones superiores a los 40 millones de pesos del Impuesto a las Erogaciones en Juegos y Sorteos.

Cuentas claras, exige una sociedad que sabe premiar y castigar.