Los ciudadanos debemos exigir que las autoridades cumplan con lo que les toca y denunciar cuando no suceda pero también es justo señalar aciertos.  A veces no se notan porque finalmente es parte de su obligación y simplemente, digamos, todo marcha bien, sin embargo algunos hacen la diferencia. Por ejemplo, el que se haya aprobado que la declaración patrimonial sea obligatoria para todo burócrata en nuestra entidad. Así lo declaró recientemente el Secretario de la Contraloría de Quintana Roo, Rafael Del Pozo Dergal, seguramente usted lo leyó en estas páginas. Esto significa que todos los trabajadores del sector público tendrán que transparentar su situación sin excepción.

Hoy, quienes se encuentran en niveles altos en los organigramas declaran la situación que guarda su patrimonio desde que se les contrata hasta que concluyen con la encomienda, sin embargo la cifra es pequeña, quizá unos 8 mil. A partir de mayo de 2019 sin importar el nivel salarial, todos tendrán que rendir cuentas y ahí el número cambia, hablamos de unos 48 mil.

Quienes conocen este trámite saben que efectivamente tiene un cierto grado de complejidad la primera vez pero después es muy sencillo, se trata básicamente de orden y honestidad porque el servicio público no es un negocio, es un compromiso con la comunidad. En ese sentido la Contraloría, en la que, a título personal le digo, Rafael Del Pozo y su equipo han hecho un trabajo solícito, es una instancia que se ha modernizado y ha impulsado mecanismos para evitar que la corrupción y el cinismo de gente sin escrúpulos vuelva a lastimar a Quintana Roo como hasta hace muy poco tiempo.

Así que ya muchos deben estar ordenando sus documentos para, llegado el momento, tener toda la información a la mano y demostrar que su patrimonio y el de su círculo familiar más cercano no ha sufrido modificaciones inexplicables durante su encargo, es decir, que no han manejado a su antojo el dinero de los quintanarroenses. Falta mucho por hacer, queda claro, pero las bases ya existen, hagámoslas valer.