José Luis “Chanito” Toledo Medina no será candidato de la coalición “Por Quintana Roo al Frente” para la alcaldía de Benito Juárez, pero tampoco el abanderado de “Todos por Quintana Roo”, Mario Machuca Sánchez, en una salomónica decisión que, si bien no satisface a los seguidores de ambas coaliciones, sí evidencia el irregular proceder de las autoridades electorales locales que, por un lado, negaron desde un principio toda posibilidad a los abanderados del PAN-PRD-MC, mientras le abrían la puerta a todo lo que representara PRI-PVE-Panal.

Ciertamente,  con la determinación de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), el camino parece allanado para la candidata de Morena, Mara Lezama, pues un día antes la Sala Superior de ese organismo determinó que los candidatos del PES no podrían utilizar la imagen de Andrés Manuel López Obrador en su propaganda, con todo ello como contexto y por mucho se esfuercen Niurka Sáliva de Sánchez o Issac Janix, el candidato independiente, poco podrán hacer por atajarle el camino a la alcaldía a la conocida comunicadora.

Claro está, habrá que ver a quién postulan el PAN-PRD en los siguientes cinco días para poder aparecer en las boletas, pero antes de ello, vale la pena analizar la actuación por consigna que han desarrollado los órganos comiciales locales, pues intentaron sostener a toda costa la candidatura tricolor de Mario Machuca Sánchez, cuando el dirigente sindical contendía por la presidencia municipal y en la propaganda de Raymundo King de la Rosa sigue postulado como candidato suplente a senador, aunque en el papel existió la denuncia, a destiempo por cierto, tal cual señaló también en su momento el partido albiazul.

Esa ilegalidad evidenciada permite poner en relevancia la urgente necesidad de ajustar cuentas a esos funcionarios electorales; y aprovechando que este año concluyen encargo tres de siete consejeros electorales y uno de los tres magistrados comiciales quintanarroenses, la oportunidad de renovar en su totalidad esas instancias parece “ni mandada a hacer.”

Más aun, conociendo ya los “deslices” que suelen cometer los funcionarios electorales, es fundamental recordar que los responsables actuales de organizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) están demandados ante un juez federal por delitos electorales y debieron hace meses ser destituidos, así que no se trata únicamente de destacar la salomónica decisión que anuló dos candidaturas, sino el hecho histórico permite recomponer lo necesario para que los resultados del primero de julio estén revestidos de la legalidad y legitimidad necesaria en toda contienda electoral; así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.