La Ley de Seguridad Interior aprobada por la Cámara de Diputados, abre una enorme puerta para que las fuerzas armadas, una de las pocas instituciones, o tal vez la única que aún cuenta con cierta credibilidad ciudadana, conviertan a México en un país gobernado bajo la bota castrense. 

Hasta hace unos años se decía que tres cosas eran intocables en nuestro país: la imagen de la Virgen de Guadalupe, el Ejército y la Presidencia de la República.  Después de los desatinos presidenciales, pero sobre todo por las torpezas del presidente Enrique Peña Nieto y su odio hacia México, la investidura presidencial se desplomó a niveles de burla nunca antes vistas ni siquiera durante el malogrado gobierno de Vicente Fox.

La Virgen de Guadalupe sigue siendo idolatrada por millones de mexicanos e inclusive por personas de otras nacionalidades, a pesar de que algunas autoridades han dudado de su existencia. Eso no ha sido obstáculo para que la fe de los creyentes siga desbordándose en ejemplos de desprendimiento y humildad ante la Morena del Tepeyac.

Por muchas décadas, las fuerzas armadas contaban con una imagen muy positiva entre los mexicanos, porque veían en ellas a una institución que les garantizaba apoyo y cobijo en los desastres naturales; sin embargo, al ocuparse de acciones policiacas para combatir al crimen organizado, la confianza ciudadana se transformó en miedo y terror. 

Con la nueva Ley de Seguridad Interior, que pondría a las fuerzas armadas a cumplir funciones policiacas y de ministerio público, se inauguraría una época negra para México. Los militares tendrían carta abierta para tomar decisiones que sólo deberían competer a la autoridad civil, propiciando abusos contra las personas. 

Lo que quiere el gobierno federal confabulado con los diputados que aprobaron la ley, es tener un férreo control de las manifestaciones de descontento social, que no son más que una respuesta a gobiernos que desde hace mucho dejaron de representar al pueblo y se han convertido en sus principales verdugos. 

Cancelar el derecho de manifestación, de reunión y de libre expresión de las ideas tiene un significado muy evidente: se busca imponer un gobierno dictatorial soportado en la actuación de sus fuerzas armadas; en una palabra, convertir a México en un país gobernado por un tirano, al estilo del dictador norcoreano genocida. 

Los diputados que avalaron y aprobaron la ley, mostraron una vez más que ellos no nos representan, que sus acciones van en contra de todo aquello que beneficie a la mayoría de la sociedad, anteponiendo sus intereses mezquinos encima del derecho del pueblo a ser gobernado por el imperio de la ley y no por un sátrapa insensible escudado en la fuerza de las armas. 

Pero no es extraño el proceder de los legisladores, incluso de aquellos que dicen representar a los mexicanos más desprotegidos, cuando en realidad, navegan con falsas banderas democráticas que fácilmente repliegan si ven amenazados sus intereses partidistas y personales.

Si se concreta la Ley de Seguridad Interior, es decir, que el presidente Peña Nieto la avale como fue aprobada por los diputados federales, estaremos ante el umbral de tiempos oscuros para una democracia mexicana que nunca se ha podido concretar debido a la falta de voluntad de los políticos y la desidia de la sociedad.