Eso precisamente es lo que parece ser en contexto de las autoridades encargadas de proporcionar seguridad pública a los ciudadanos arraigados en el estado, valga pueblo, y visitantes de cualesquiera que sea su procedencia y nacionalidad; Quintana Roo es un estado privilegiado con bellezas naturales sin igual cuya visión turística internacional lo ha posicionado en el top ten universal de las preferencias a visitar.

Con diferentes intentos y personas, supuestamente, con las calidades y cualidades a efecto de proceder a abatir la inseguridad que asuela y daña la economía y mantiene secuestrada a la población por el grado de crecimiento delincuencial arraigada, principalmente en la zona norte del estado poniendo, en consecuencia, en duda la efectividad del Secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, que como súper policía fue propuesto por el gobernador y aprobado en la XV Legislatura y promovida, supuestamente, por el presidente de la Gran Comisión (que no desaparece todavía para convertirse en Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado) Eduardo Martínez Arcila, pastor de los legisladores.

El hecho contundente es: que después de meses en el cargo, algunos casos han concluido con éxito y se cacarean como si el problema de inseguridad no se resuelve con casos esporádicos ni con declaraciones demostrativas del incapacidad al grado del principio de Peter, y de esto, algunas justificación en el sentido de requerir la unificación de las fuerzas del orden, puesto que al protestar el cargo, debería saber las condiciones físicas y financieras de la dependencia.

Capella, ha venido solicitando inversión en equipo y armamento, quizás, fuera de la capacidad de un estado como el nuestro, que arrastra una deuda pública sin precedentes, histórica, que siendo una entidad cuya fortuna natural y su pueblo, son atractivos para mantener un crecimiento sostenido pero sin sustentar, puesto que nadie nos ha informado la deuda que per cápita tiene cada habitante desde su nacimiento hasta su muerte.

Cuando una persona se compromete a resolver un flagelo o caso grave que lacera a la sociedad que sirve y en su momento de crisis no disminuye, manteniendo una constante promedio de 25 a 30 homicidios por semana, cualquiera que sea la causa o razón, atribuible al narco, cobro ilegal de derecho de piso, ejecuciones o asesinatos en horas diurnas o de noche al amparo de la oscuridad, independientemente de asaltos; robo a casa habitación; delitos del fuero común, la sociedad clama por resultados y ¡Al tiempo!