En pleno proceso electoral para votar a los diputados para XVI Legislatura, la ciudadanía, al parecer, abriga razonables dudas respecto al otorgamiento de su sufragio y cuando menos sea un digno representante de la ley, como lo determina la Legipe, la ley electoral de Quintana Roo, y las constituciones correspondientes; el deseo de participar de los actuales diputados por la reelección queda en sustancial duda; la competencia por lograr entrar con un legislador independiente está por definirse en el cumplimiento de los respaldos respectivos porcentualmente del padrón electoral del estado.

En el entendido de la decepción ciudadana en relación a promesas de campaña – cumplimiento por la decisión de inclinar el resultado del voto en el proceso pasado con expectativas del cambio abanderado por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática cuya actuación ha dejado mucho que desear, hoy los diputados de ambos se vanaglorian de reformas, que de ninguna manera era lo deseable en bien de los gobernados, causando agravios que van desde reformas constitucionales para elegir al Fiscal General de Estado hasta imponer a personal sin un análisis riguroso de su actuación, votaron en forma inducida o negociada faltando al compromiso con la sociedad que dicen representar.

Los diputados Juan Ortiz Vallejo y Fernando Espinoza Zelaya están más que puestos para la reelección; el primero solamente se ha dedicado a proponer asuntos sin importancia demostrando cierto grado de ignorancia; el segundo ha propuesto reformas y leyes en agravio de la sociedad que dice representar y va por otra campaña quizás fallida.

Por lo que respecta a Eduardo Martínez Arcila, quien se sumó a la aplicación de eliminar el fuero, pero hasta la nueva legislatura, en su beneficio y que, supuestamente, ha lucrado como el presidente de la Gran Comisión de la XV legislatura para que la XVI sea quien instaure la Junta de Coordinación Política y administrar el presupuesto, hasta septiembre, asignado el Congreso del Estado cuando, aparentemente, tiene ejercidos más de 100 millones de pesos que la Auditoría General del Estado, dependiente de la misma legislatura, no ha aclarado fehacientemente.

Diputados, en mi opinión, comparsas y vividores aprovechados de una sociedad que poco o nada reclama de la mala actuación y de legislar sobre asuntos sin importancia o de poca atención a los gobernados y que en complicidad se muestran omisos respecto a las obligaciones que contrajeron con la ciudadanía en el proceso de 2016, y todavía esperan ser votados ahora?, descarados o cínicos pensando que el pueblo no tiene memoria? Y ¡AL TIEMPO!