Se trata de la ilegalidad y la corrupción institucionalizadas. Hoy, cuando prevalece una seria discusión sobre la concesión de transporte urbano de pasajeros, para aumentar a diez años o no el servicio de las cuatro empresas que lo brindan en Cancún, concesionarios de otros giros ven pasar los dimes y diretes sin inmutarse y llenándose los bolsillos de dinero.

Es el servicio de grúas en Cancún (y en otros municipios) que opera como gángsters, fuera de toda normatividad y exprimiendo a los ciudadanos que incurren en una falta al reglamento de tránsito, con el eterno aval de las autoridades.

Y el ciudadano queda solo, entrampado en una telaraña sin saber a qué autoridad acudir, pues ni siquiera se estipula si esto debe ser regido por el gobierno del estado a través de Sintra, la federación con la SCT o bien el municipio mediante Tránsito o Transporte y Vialidad. Todos se lavan las manos cuando un conductor pide una revisión, y a la vez –según fuentes del municipio- todos le entran también a la repartición por cobros excesivos.

No existe un tabulador ni un reglamento sobre un servicio, que en teoría, tendría que realizar la autoridad, cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Pero no, éste es concesionado bajo quién sabe qué condiciones, pero sí con muchas complicidades.

Un ejemplo: Si un ciudadano tiene una avería en su vehículo y solicita el apoyo de una grúa de Punta Cancún –en el corazón de la zona hotelera- a la Gran Plaza, el costo del arrastre es de 540 pesos; pero si se trata de una infracción, entonces éste se multiplica hasta diez veces o más, por el mismo servicio y a la misma distancia, de acuerdo al antojo de la empresa.

¿Por qué?

Cuando esto ocurre, el infractor debe pasar a la Dirección de Tránsito a pagar su multa para después pasar al corralón, donde le indican el monto que deberá cubrir para sacar el vehículo, como si se tratara de una doble infracción y sin que esto timbre en la caja de gobierno, lo cual es una flagrante ilegalidad.

Dentro de los llamados corralones, se aprecian cientos, miles de vehículos entre motocicletas, autos viejos y desvalijados, otros nuevos y hasta camiones del transporte colectivo. Ahí hay de todo, y muchos de ellos son abandonados, ya sea por falta de dinero del propietario o porque el ilegal cobro rebasa el precio de la unidad.

Han pasado los años y pese a la demanda de reglamentación y un tabulador, hasta ahora nada se ha hecho. La corrupción es también un mal heredado de administración en administración. Y en lugar de regularlo, aumentan el trabajo y, por ende, las ganancias y la corrupción de estas empresas con medidas como el alcoholímetro, con el que han multiplicado su lucro.

Y estos barriles sin fondo ya se lamen los bigotes, en espera de la verificación vehicular.