Tal vez, habrá notado usted que en los últimos años las empresas parecen tener prisa por colgarse la medalla de la “responsabilidad social”. Esa buena voluntad rara vez es espontánea y no siempre es legítima. Pero lo cierto es que las empresas cada día se ven más obligadas a dar la imagen de que se preocupan y son proactivas en favor de la sostenibilidad de las comunidades y del entorno natural. ¿De dónde surge ese nuevo parámetro de buen comportamiento empresarial?

Hubo tiempos en que las empresas podían asumir que ejercían su responsabilidad social con simplemente esmerarse en la realización de los fines legales para los que habían sido creadas. Hasta hace poco, el mundo empresarial se amparaba (y, en gran medida lo sigue haciendo, aunque menos abiertamente) en la convicción de que: “la única responsabilidad social de las empresas es aumentar sus utilidades”.

El razonamiento de fondo de esta posición sería el siguiente: si una empresa, constituida y gestionada legalmente, está resultando rentable, se debe concluir que está satisfaciendo las necesidades y deseos de los consumidores y está generando eficiencia económica y valor para sus inversionistas; luego entonces, debe considerarse como una empresa saludable. Con eso, cumpliría todas las expectativas de conducta ética que se pueden exigir a un negocio. Si no, el mercado lo habría castigado. No se requiere ningún otro mecanismo para calificar la aceptabilidad social de las empresas.

Las circunstancias han cambiado. Por un lado tenemos una sociedad más informada y crítica, y más interconectada por los avances tecnológicos. Por otro lado, la propia revolución tecnológica y el acelerado desarrollo económico están impactando negativamente y llevando al límite la capacidad de carga de los ecosistemas de la Tierra y las capacidades de adaptación de las comunidades humanas. Todo ello pone en entredicho que el sistema de mercado, por sí solo, siga siendo el regulador más calificado para asegurar que el comportamiento de las empresas y las instituciones se apegue a las normas ambientales y los derechos humanos.

Hoy, unas comunidades más complejas y exigentes juzgan la calidad de los productos y servicios, el impacto de los sistemas de producción y la equidad de la organización social, económica, ambiental y política, a partir de estándares que van más allá de las normas legales. La constatación de graves daños en los ecosistemas y en la sociedad revela que hay un desfase entre lo legal y lo responsable.

En todo ello, para bien y para mal, tienen un papel relevante las instituciones de educación superior. Si bien, en gran medida, ellas exploran los caminos de un replanteamiento y una reestructuración ambiental y social, también han aportado muchos elementos a un desarrollo poco sostenible. Las universidades, en tanto instituciones que generan los conocimientos, las tecnologías, los conceptos de ciudadanía y las habilidades de liderazgo con los que el mundo de nuestros días configura la toma de decisiones, tienen que generar prácticas y soluciones sostenibles, con enfoque sistémico, a fin de pasar a formar parte de la solución y no del problema. ¿Lo están haciendo? (Comentaremos en posteriores entregas)

*Departamento de Servicio Social de la Universidad del Caribe.

Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad del Caribe y Maestra en Administración Empresarial Por Tecnológico de Monterrey.