Juan Estrada/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Organización No Gubernamental (ONG) Profesionales Propietarios y Colonos de la Zona Continental del municipio de Isla Mujeres obtuvo a su favor un amparo con respecto a su inconformidad con el Proyecto de Desarrollo Urbano (PDU) de Ciudad Mujeres. El amparo fue revisado y otorgado a su favor por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo.

 

Dicha ONG del municipio de Isla Mujeres, representada por María Elena Cocom Cárdenas, se mostró inconforme con el PDU que se aprobó durante el gobierno de Alicia Ricalde Magaña (2008-2011), por quien era la titular del área de Desarrollo Urbano, Mayra del Socorro Ayala Rejón; el proyecto “Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Ciudad Mujeres en la Zona Continental del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo”.

 

De acuerdo con José Carlos Pérez Torres, representante legal de la ONG, el proyecto no beneficia a la población, sólo a algunos terratenientes y es violatorio de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, debido a que la Ley de los Asentamientos Humanos en Quintana Roo no ofrece la posibilidad a los afectados para defender sus derechos y propiedades antes de la emisión de los acuerdos para dicho desarrollo.

 

En el amparo 310 del año 2012 en materia administrativa se expide que las zonas de Cayo Chacmuchuch y Cayo Sucio se consideran como Zona Federal Marítimo Terrestre como se indica en el artículo 119, fracción II, del título cuarto de la Ley General de Bienes Nacionales. Es por eso que en esa zona sólo se permite el uso de suelo de protección y ornato, arranque de muelles para el uso de atracadero y resguardo de embarcaciones particulares. Los terrenos denominados San Rafael, El Corzo y Santa Odila, abarcarán áreas de protección de flora y fauna, protección de mangle y área de turismo extractivo.

 

Cocom Cárdenas es titular legal de Cayo Sucio, Víctor Humberto Martínez Gómez, titular de Cayo Chacmuchuch, y Gustavo Carballido Meza, titular de Santa Odila, Corzo y San Rafael; los tres son los quejosos que aparecen en dicho documento.

 

“No estamos peleados con el desarrollo porque es una realidad que se tiene que dar, lo único que exigimos desde el principio es que se hiciera respetando todas las legalidades y formalidades de ley, además de respetar a la gente, a los posesionarios y propietarios de los predios”, dijo Pérez Torres.