Mañana se cumple el plazo que establece la polémica reforma al artículo 96 de la constitución local –conocida en los medios como “ley fuereño”– para convocar a la selección del nuevo abogado del estado, más el interino Gustavo Salas Salgado, que simula no buscar el nombramiento definitivo pero claramente de eso pide su limosna, tendrá muchos más y muy graves problemas para su ratificación que su tiempo de residencia en la entidad.

Hace bien la XV Legislatura de Quintana Roo en establecer, por lo menos a nivel discurso, que la designación del próximo fiscal general de Quintana Roo será ciudadana, pues según el presidente de la Gran Comisión en la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, se trata de desterrar la influencia de los partidos –y debiera haber dicho gobiernos, aunque eso puede quedar implícito, con ganas pues– en el nombramiento.

La declaración del legislador panista dice ad litteram que “el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado contará con la participación de la ciudadanía en Quintana Roo quién (sic) podrá presentar sus propuestas de quien deba ocupar este cargo, pues uno de los objetivos es que la designación no quede marcada por partido político alguno”.

Ojalá en verdad que la designación de fiscal general sea tan transparente como preconiza Eduardo Martínez, pues más allá de la indeseable intervención de partidos y poderes el panorama, o por lo menos el abanico original de opciones, incluye al actual interino en el organismo autónomo, quien aunque lo ha negado una y otra vez y sin entrar por ahora al caso en particular tiene –más adelante se verá, quod erat demonstrandum– un indudable conflicto de intereses en un peliagudo litigio sobre un grande y lujoso hotel de la llamada Riviera Maya, en Puerto Morelos, por lo cual de por sí estaría inhabilitado para el puesto, pero para colmo el asunto, que incluye acusaciones de fraude y despojo en Quintana Roo y en otros países, está siendo manipulado merced al cargo público del abogado de una de las partes, que es precisamente el señor abogado Salas.

Quien hoy despacha en el inmueble de la avenida López Mateos 500 de Chetumal, según un acta cuya copia fidedigna obra en poder de Café Negro, declaró ante el fedatario público auxiliar de la Notaría Número 20 de Quintana Roo Benjamín Salvador de la Peña Ruiz de Chávez haber sido nombrado como abogado coadyuvante por la persona moral Efesyde Sociedad Anónima de Capital Variable en el litigio del que ya hemos dado cuenta referente al hotel Secrets Silversands Riviera Cancún.

A este que escribe, junto a una docena más de reporteros, el licenciado en derecho Salas le aseguró en rueda de prensa que no existe conflicto de intereses, que no es defensor ni abogado de ninguna de las partes en la famosa querella, que ha tenido repercusiones en el país, España, Holanda y Panamá, país notable por sus juicios inmobiliarios y mercantiles al que recurren con mucha frecuencia los timadores más consumados de la especialidad –no olvidemos el emblemático caso denominado internacionalmente Panamá Papers–, a los que también sirve de paraíso fiscal. En ese estercolero se estaría metiendo Quintana Roo si nombrara al letrado Salas como fiscal general definitivo.

Hasta el tuétano está metido el fiscal interino en el Quintana Roo Papers. No son dichos ni cuentos: el acta mencionada, que emite la notaría pública número 20 a nombre de Benjamín S. de la Peña Mora es la número diez mil 490, del 4 de noviembre de 2015, por si el lector duda o tiene la curiosidad de consultarla.