Hay muchas propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador que, dada la capacidad intelectual de gran cantidad de sus colaboradores, inexplicablemente están en el terreno de la inconstitucionalidad y sin duda se hicieron “con las patas”.

Aquí lo dijimos y en el aparato crítico de la nota detallamos la normatividad; así es, simplemente. Lo publicamos el 12 de noviembre en este mismo espacio: “Si usted es un mando de la burocracia del Gobierno de la República –quintanarroense o de cualquier parte del país– y le preocupa que por el afán de austeridad de Andrés Manuel López Obrador que haya una cadena de recortes a los salarios o siendo trabajador de la administración pública estatal que los gobernadores emulen al presidente, lo más seguro es que a pocos días después del relevo del 1 de diciembre la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos quede suspendida por una avalancha de amparos, para morir lentamente.

Y esto no es porque la Ley de Amparo, cuya última modificación se hizo en 2013, prevea que los juicios en la materia deban resolverse por criterios cuantitativos –por “montón”–, sino porque esta primera joya del Morena en el Congreso de la Unión es notoriamente inconstitucional, violatoria de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores la Servicio del Estado”.

Era obvio, pero la pasión “pejista” cegó a muchos. Odio decir se los dije –no es cierto, jajaja–, pero se los dije… Dura lex, sed lex.