Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en funcionamiento a la Guardia Nacional, lo cual es de interés para todo el país pero en Quintana Roo nos concierne directamente, pues Cancún será una de las primeras plazas en las que opere, así que aquí debemos pensar en los pros y en los contras.

Se ha discutido mucho sobre la pertinencia de este nuevo cuerpo nacional de seguridad, especialmente porque, aunque supuestamente incorpora a la Policía Federal, que es civil, en realidad de trata de una institución cuasimilitar. En algún momento se esperó que el presidente atenuara este hecho que se consideró incluso anticonstitucional –hubo que modificar la Carta Magna– con el nombramiento de un policía civil como su comandante, pero no hizo tal concesión a sus críticos: Luis Rodríguez Bucio es un general de brigada del Estado Mayor que aunque deja sus funciones en el Ejército Mexicano será, como la mayoría de sus compañeros de armas, un militar de por vida; goza, eso sí, de excelente reputación.

Desde un punto de vista democrático y liberal, la militarización de las instituciones civiles es indeseable. América Latina ha vivido tantos y tan terribles regímenes dictatoriales que la sola idea causa repulsa. Los militares de todo el mundo se mueven guiados por sus propias reglas y, aunque en nuestro país –que desde 1946, con Miguel Alemán Valdés, ha sido gobernado únicamente por civiles– la lealtad al jefe supremo, que es el presidente, ha sido una norma inalterada desde hace mucho tiempo, la sensación no es grata.

Sin embargo, estos peros, aunque no infundados, tienen más el sentido de la oposición recalcitrante –y el golpeteo– al gobierno de Andrés López que el de una verdadera razón para que los mexicanos nos preocupemos. Con muy pocas excepciones –la ya lejana matanza de Tlatelolco en 1968 es la más dramática– las fuerzas armadas han sido amigas del pueblo, desempeñando incluso, por ejemplo en casos de desastre, un papel salvador de la población, muchas veces rayano en lo heroico.

Lo cierto es que el Ejército y la Marina, que desde antes del presente régimen ya estaban muy involucrados en la lucha contra la delincuencia, siendo mucho más efectivos –y menos corruptos– que las policías civiles de los tres órdenes de gobierno a lo largo y ancho del país, si bien no han logrado abatir los índices de criminalidad como sería deseable sí han contenido bastante a los malhechores y sus organizaciones.

Lo cierto es que la Guardia Nacional ya es una realidad, y lo mejor que podemos hacer los mexicanos, gobiernos y gobernados, es apoyar sus labores. Las policías estatales y municipales no deben percibir al nuevo cuerpo de seguridad como invasor de competencias, porque no es así: la idea es la coordinación y que los agentes del orden locales aprovechen el contar con un aliado mucho mejor equipado, capacitado y con mayores recursos.

La presencia de la Guardia Nacional tendrá seguramente el cariz de un mando único, pero sin serlo. Desde haca ya varios años las leyes prescriben coadyuvar entre órdenes de gobierno para perseguir delitos del orden federal y de alto impacto.

Percibimos que ahora podrá implantarse orden y estrategia a esa buena intención.
Con aisladas resistencias, a nivel local ya se adoptó un sistema que permitirá a la policía estatal estar presente en la lucha contra el crimen en los 11 municipios de Quintana Roo, así que estructuralmente estamos listos para la operación de la Guardia Nacional, además de que la casi obsesión del presidente con el tema de la corrupción seguramente ayudará a mejorar en ese rubro, pues las policías, sobre todo de los municipios, sí que padecen de ese flagelo.
Bienvenida, pues, con todo y sus defectos de origen, la flamante Guardia Nacional.