Hace algunos días el presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Eduardo Martínez Arcila, en entrevista de banqueta dio a conocer que dentro de la reforma electoral aprobada se autorizó la reducción de un 36 por ciento de las prerrogativas a los partidos políticos para el siguiente año; muchos a nivel nacional llaman a dicha reforma de reducción “iniciativa Kumamoto”. Recordemos que el diputado local por Jalisco, Pedro Kumamoto, fue el que presentó dicha iniciativa en su estado logrando la aprobación del congreso de una reducción de casi el 60 por ciento a los partidos políticos. ¿Pero en que nos beneficia dicha reducción tanto en el estado como a nivel nacional?

Dentro de la propuesta aprobada se busca condicionar el presupuesto que se les asigna a los partidos políticos a partir del número de votos que reciben. Desde hace algunos años la exigencia de austeridad en el gasto público es constante, la ciudadanía y organizaciones civiles con argumentos serios y respetables pedían en contadas ocasiones que se debía de modificar la fórmula de financiamiento para reducir, con diversas condicionantes, la cantidad de dinero que este año se repartió entre 10 partidos nacionales, la cual asciende en conjunto a 4 mil 138 millones de pesos.

Hasta este año la fórmula constitucional que determinaba el dinero público para partidos salía de multiplicar 65 por ciento del salario mínimo vigente por el número de personas que están registradas en el padrón. Eso significa que mientras más millones de personas estén en el padrón, más millones de pesos se destinan a partidos, lo que era un insulto para la precaria situación que viven millones de mexicanos.

No tengo duda de que el dinero gastado en partidos en años no electorales son los pesos peor invertidos, es decir, que tienen retorno nulo para los ciudadanos, pues se gastan en burocracias caras y generación de clientelas de los partidos. Ustedes no me dejarán mentir, porque los partidos políticos nos caen mal porque se dedican a buscar beneficios privados, a hacer acuerdos en beneficio de unos cuantos y no de la sociedad y encima lo hacen con nuestro dinero. Para que usted se dé una idea, son 25 mil millones de pesos para el proceso electoral de 2018, lo que la hace una cantidad estratosférica y sin precedentes, cuando en el país existen prioridades como educación, salud y seguridad; recursos que deberían de ser utilizados para atender las necesidades más apremiantes de los ciudadanos.

Dentro de la propuesta aprobada por los diputados locales de Quintana Roo se resume en lo siguiente: si la población no sale a votar, los partidos recibirán menos dinero. Consecuentemente, se acabaría con la táctica perversa de los partidos de desincentivar el voto para que sea solo el “voto duro” el que prevalezca y donde como resultado se tiene en algunos casos gobernantes con poca o nula representación popular, que terminan trabajando solo para sus intereses particulares y partidistas.

De más está el mencionar la corrupción que este dinero a partidos ha ocasionado, generando más que una democracia una “partidocracia”, en conjunto con la proliferación de partidos pequeños que se manejan más como franquicias familiares o rémoras de partidos grandes. Y es que el dinero por concepto de financiamiento público en sus distintas modalidades, no es todo lo que obtienen y gastan los partidos políticos; tienen además el financiamiento privado en las vertientes autorizadas por la ley. Además del financiamiento público federal, los partidos políticos nacionales reciben financiamiento público local en las entidades federativas por lo que tambien se es necesario que dicho financiamiento local deberían recibirlo solamente los partidos políticos con registro estatal, los cuales quedan en desventaja frente a los nacionales.

Es por ello que este primer paso dado por algunos congresos estatales, entre ellos el de Quintana Roo es aplaudible al reducir el financiamiento a los partidos políticos; sin embargo aún falta hacer más para que todo ese recurso que se destina para campañas políticas y que a veces no son aplicadas en la mismas sea redireccionado a otras causas, por ejemplo a fondos específicos para desastres como lo sucedido en el estado de Oaxaca o la Ciudad de México.