12 de Diciembre de 2017

Opinión QRoo

Patada en los destos a Borge

Un puntapié en los destos se llevó en la Ciudad de México el enemigo público número uno de Quintana Roo...

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Un puntapié en los destos se llevó en la Ciudad de México el enemigo público número uno de Quintana Roo –o por lo menos del actual gobierno–. Los delincuentes son como los usureros. Si un fulano se les planta enfrente y sin decir quién vive le sorraja a un felón una patada en la entrepierna marca Adam Vinatieri sin duda le va a doler hasta el alma. Seguramente gritará, se doblará, derramará lágrimas y extenderá un brazo con gesto de “no más, por el amor de dios”; pero hasta ahí. Sin embargo, si alguien, aunque sea de la manera más sutil, sin asomo alguno de intenciones malignas, osa tocar, siquiera mirar su cartera, el rufián se pondrá furioso y agresivo, soltará mandobles por doquier y, echando rabiosa espuma por la boca, se le aventará encima al atrevido con la sana intención de sacarle los ojos para comérselos a las brasas.

No hay novedad, aparentemente, en la nota de portada que un importante periódico de circulación nacional le dedicó ayer a Roberto Borge Angulo en cuanto a las fechorías de las que se le acusa. Son los mismos atracos al estado que en su momento denunció Somos Tus Ojos de la abogada, activista y periodista Fabiola Cortés Miranda, que luego se convirtieron en querellas emprendidas por el gobierno de Carlos Joaquín González ante la PGR. La novedad es que la investigación ahora llegará al cofre del tesoro: la instancia ministerial meterá las narices en las cuentas bancarias de los prestanombres y testaferros del exgobernador de Quintana Roo.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores los datos financieros de ocho personas y nueve empresas que aparecen como beneficiarias de las groseras transacciones mediante las cuales fueron rematados valiosos predios por y a favor de Roberto Borge.

Es una máxima infalible en la persecución del delito –y la Seido lo sabe como el cuerpo que, cuando es viernes, pide fiesta– que una manera segura de hacer caer a los criminales de “cuello blanco”, los que se enriquecen a través de maniobras financieras ilícitas, es investigar, afectar, cortar y hasta confiscar las riquezas mal habidas. La PGR, entonces, no se quedó en el aseguramiento cautelar de las propiedades enajenadas, robadas pues a los quintanarroenses, sino a la posibilidad de que en las transacciones Borge hubiera “lavado” recursos de procedencia ilícita.

Se estima un valor comercial de arriba de cinco mil millones de pesos por 24 propiedades de más de siete millones de metros cuadrados, que son las aseguradas por la PGR el 24 de febrero, pero ahora la pregunta es también por la procedencia de los recursos que utilizaron los personeros del exmandatario para adquirirlos, así fuera a precios de ganga.

En otras palabras: Beto no sólo se habría vendido a sí mismo los valiosos terrenos a precios muy por abajo de su valor, sino que habría fondeado a las empresas fantasma, a sus amigos, socios, secuaces y hasta a su mamá María Rosa Yolanda Angulo Castilla con recursos de dudosísimo origen.

Su abogado César Celso González Hermosillo –que aparece en su lugar como socio de Barcos Caribe, naviera que compra barcos en lejanos continentes por millones de dólares para su operación de cruce de Cozumel a Playa del Carmen–, diversos prestanombres como un empresario gasolinero e inmobiliario de nombre Santiago Samuel Jiménez –el nombre más repetido, con 10 terrenos– y hasta la secretaria de su padre, María de Lourdes Pinelo Nieto, figuran en la nómina de los felices propietarios de la “Operación BeBo”.

Con la CNBV desmenuzando las cuentas bancarias de los personeros del golden boy del presidente Enrique Peña Nieto que aún no ha sido premiado con una vistosa orden de aprensión, como sí lo fueron los exgobernadores Duarte de Veracruz y Chihuahua, la persecución policial ya no debe tardar mucho en ponerse en marcha, pues ya no se trata sólo de malos cálculos al tasar terrenos para apropiárselos, sino del muy grave delito de lavado de dinero.

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