Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La defensa legal de Paula González Cetina promoverá ante un Juzgado Federal una queja contra el juez Gonzalo Miguel Segovia Herrera, quien la noche del martes vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra la ex funcionaria.

De acuerdo con los abogados, la ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) contaba con una suspensión definitiva que evitaba su detención y encarcelamiento por un delito no grave.

Para los abogados defensores, el juez violó un mandato judicial federal, por lo que incluso, pudiera ser sujeto a una destitución.

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“Es un recurso de queja que se presenta ante el juez que otorgó la suspensión y el juez federal le va a pedir, en un término de 24 horas, que informe si es verdad”, afirmó uno de los abogados.

El 7 de diciembre de 2017, González Cetina presentó ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, de la Ciudad de México, el recurso legal número 1057/2017 contra el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio en Othón P. Blanco, por actos privativos de la libertad.

Apenas el 21 de diciembre pasado, se le concedió una suspensión definitiva, para lo cual se le estableció un depósito en garantía por cinco mil pesos, lo cual fue presentado ante ese juzgado el día 22 de diciembre.

Tras una audiencia que inició al medio día y concluyó a la 1:30 de la mañana, el Juzgado Penal Oral de Chetumal determinó la vinculación a proceso de Paula González Cetina y además otorgó a la Fiscalía la prisión preventiva, por lo que fue trasladado desde la madrugada de ayer al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

Al respecto, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó que no hubo violación a ninguna suspensión.

“La suspensión se concedió a efecto que no sea detenida por la orden de aprehensión. Ella compareció libre y se les respeto su garantía de adecuada defensa. En la misma audiencia se vincula a proceso y ya queda sin efecto la suspensión otorgada por el amparo”, afirmó la Fiscal Especial.

A la ex titular de la CAPA, se le acusa de un daño patrimonial por más de mil millones de pesos, que corresponden a recursos públicos que presuntamente desvió de la CAPA hacia la Sefiplan, en vez de destinarse a obras y programas de beneficio a la ciudadanía.