Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Quintana Roo.- Paulina García Achach, ex funcionaria de la extinta Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), durante la administración de Roberto Borge Angulo, podría cobijarse en un acuerdo reparatorio para dar fin a los procesos penales que se siguen en su contra.

La tarde de ayer estaban programadas dos audiencias de continuación intermedia ante un juez de Control en  esta ciudad, relacionadas con las carpetas administrativas 75/2017 y 88/2017, ambas por el delito de Desempeño irregular de la función pública.

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Las audiencias fueron suspendidas y reprogramadas para el próximo 22 de junio, a petición de la defensa.

De acuerdo con la información recabada, la ampliación del término obedece a que existe la intención por parte de la defensa de la ex funcionaria de presentar un acuerdo reparatorio, aunque no se ha determinado si en las dos carpetas administrativa.

En uno de los expedientes, a la ex funcionaria se le vincula con un presunto daño al patrimonio por alrededor de ocho millones de pesos, en el tiempo que fungió como titular de la Seduvi; mientras que en la otra, es como coacusada, en un presunto daño patrimonial por alrededor de 39 millones de pesos.

La vinculación a proceso por ambas carpetas se realizó en mayo del año pasado, y desde entonces, la ex servidora pública enfrenta los procesos en libertad.

En su momento, se le establecieron como medidas cautelares la firma periódica cada 15 días, una garantía económica de 20 mil pesos y la prohibición para salir de la ciudad en tanto  no termine el proceso.

De igual manera, el embargo de bienes por un monto aproximado de 18 millones de pesos, consistentes en seis propiedades en la ciudad de Cozumel y un automóvil de lujo, que permanecen bajo resguardo del juzgado.

En una de las carpetas administrativas estuvo como coacusado, Mauricio Rodríguez Marrufo, el primer y único ex funcionario estatal que se ha declarado culpable y pagado la reparación del daño al estado. Actualmente se encuentra en libertad tras haber purgado la pena corporal establecida en la sentencia.