Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.-  En caso de que los diputados de la XIV Legislatura no aprueben la ampliación en la concesión del Transporte Urbano de pasajeros de Othón P. Blanco de dos a 10 años, la negociación podría venirse abajo confirmó el presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui, quien reconoció que la petición es comprensible y se fundamenta en que las cuatro empresas financieras con las que pactó el empresario, Salvador Guerrero Bazán, tienen que garantizar la amortización de los empréstitos otorgados a su empresa Equipos Ecológicos y Maquinaria Municipal S.A. de C.V.

Fundamentos financieros

Anunció que este martes se reunirá con legisladores para explicar los fundamentos financieros de la propuesta solicitada con el objetivo de aclarar cualquier duda que estos presenten, aunque dijo que es claro que, para este caso, las empresas financieras tienen que garantizar el pago de los empréstitos realizados para la adquisición de los vehículos de transporte de pasajeros.

De antemano señaló que ya no se otorgará una nueva prórroga para el inicio de la prestación del servicio y a partir del primero de noviembre, cuando la segunda oportunidad venza, se tendrá que dar inicio a la prestación en beneficio de la ciudadanía.

Aclaró que para dicha fecha ya deberán estar en esta capital, por lo menos 26 camiones que llegarían en los próximos días y con estos se arrancaría la empresa.

Pago de préstamos

Sobre la posibilidad de que algún otro empresario se asociara con el concesionario como alternativa para garantizar el pago de los préstamos, el edil capitalino señaló que no es posible, pues luego de dos convocatorias, la empresa Equipos Ecológicos y Maquinaria Municipal S.A. de C.V. fue la única interesada en participar.

El empresario Guerrero Bazán señaló que  el contrato financiero estipula que una inversión de 50 millones de pesos para la adquisición de las primeras 40 unidades y para aumentar la capacidad del servicio se pretende introducir 20 unidades más, lo que representaría un financiamiento de 70 millones de pesos, cuya amortización se proyecta a 48 meses, es decir, el doble del plazo otorgado por la concesión en una primera instancia.