El sociólogo alemán Jürgen Habermas plantea en su conocido texto “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío” algunas tendencias de nuestra sociedad contemporánea; entre ellas, la más debatida: la “crisis de legitimidad” del sistema político.

Según él, las acciones del sistema entran en un proceso crítico al no poder fundamentar sus intervenciones y operaciones en dinámicas de legitimación acordes al nivel evolutivo de nuestro entorno sociocultural. Es decir, existen nuevas orientaciones motivacionales, normativas y valorativas que chocan directamente con las pautas del Estado.

Aterrizada en el ámbito local, dicha tesis podría explicar el caso de Aleksei Makeev, apodado “ruso nazi”, cuyos detalles son conocidos en el mundo entero debido al cada vez más sorprendente alcance de las redes sociales.

Las nuevas orientaciones referidas por Habermas responden a la crisis de legitimidad por la que atraviesan nuestras instituciones: policías, fiscalía, gobiernos, iglesias, congreso y otras, las cuales no entregan la información completa ni las certezas reclamadas por los ciudadanos, quienes actúan así por las frustraciones acumuladas.

Hoy, sociólogos y preventólogos locales concuerdan en esta crisis. Valentín Franco, sociólogo de la UNAM avecindado en Cancún hace varios lustros, explica que el hecho “es un reflejo de la posmodernidad, donde la híper individualidad es lo que prima; donde el hedonismo y lo inmediato se imponen ante el sentido comunitario, del “otro”, o del grupo en su totalidad”.

Vivimos en una cultura fragmentada -expone el también promotor cultural-, donde se carece de solidaridad grupal, donde el sistema dicta que lo más importante es el “yo”; entonces, la gente se junta para actos de rapiña o para aplicar justicia por propia mano. “La gente está cansada: no hay certidumbres ni confianza”, enfatiza.

Ese panorama se agrava cuando los errores y las omisiones son evidentes. Al respecto, Laura Susana Martínez, ex directora de Prevención del Delito de la otrora Procuraduría de Justicia, advierte que, tanto autoridades como representantes de ciertas instancias, no actuaron conforme a ley, ignorando las advertencias de un asunto ya conocido.

La también ex visitadora general de la Comisión estatal de Derechos Humanos lamenta que, aunado a lo anterior, algunos organismos no tengan la facultad coercitiva para sancionar; pero lo peor, es que la sociedad no haga caso a los servidores públicos, en clara coincidencia con la idea anterior.

Con esa perspectiva, es fácil entender (no justificar) por qué recurren a la violencia en tiempos de confusión. Es una “válvula de escape” porque no se sabe quién garantiza (de verdad) la seguridad, como tampoco la salud, la educación o la espiritualidad.

En redes, los habitantes de todo el país se quejan porque las instituciones encargadas de impartir justicia no funcionan; los políticos son acusados por robo; los gobernantes no cumplen; los policías no cuidan, ni los maestros educan.

Podría ser peor. Por lo mismo, debe prevenirse a tiempo, ya que no es la primera -ni la última- manifestación “bárbara”: se han registrado saqueos tras contingencias, peleas por cajones de estacionamiento y golpizas entre vecinos por ruido excesivo.

 

                                                  Desorbitado

Surge otro tema para discutir: aun cuando la nueva administración estatal y la actual Legislatura han demostrado una postura más abierta en torno a la transparencia y la rendición de cuentas, tanto “Ciudadanos por la Transparencia, A.C.”, como la Coparmex Cancún, han distribuido un documento en el cual consta su rechazo a extender el fuero en el Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que demandan que la elección del fiscal anticorrupción sea a través del Congreso, además de buscar la inclusión de las designaciones abiertas en cada etapa.

De nada sirven las simulaciones.