Redacción/SIPSE
Q, Roo.- El Colectivo de Periodistas de Quintana Roo se pronuncia en contra de la iniciativa presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Eugenia Solís, quien propuso reformar y no abrogar la llamada "Ley Borge", como le solicitó un amplio número de comunicadores y de personas defensoras de los derechos humanos.

Desde mayo pasado, fue firmado, presentado y entregado al presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Eugenia Solís y al secretario de Gobierno, Francisco López Mena, un extenso escrito en que se explicó y fundamentó por qué la oposición a la "Ley Borge" y las razones para abrogarla.

Dicho escrito fue respaldado con las firmas de más de 100 periodistas de varios municipios y de personas defensoras de los derechos humanos, cuya copia se hizo llegar a las distintas fracciones parlamentarias.

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Como respuesta, el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, presentó al Congreso la iniciativa para abrogar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, bautizada como "Ley Borge".

Paralelamente se canceló la instalación del Mecanismo local de Protección a comunicadores y activistas, cuyo procedimiento venía viciado de origen.

La XV Legislatura, que había ofrecido realizar foros de consulta en todo el estado, efectuó solo dos, en Cancún y Chetumal, lo que redujo significativamente la amplia participación del gremio periodístico y de activistas en derechos humanos.

En esos foros tampoco se trabajó respecto a un anteproyecto de ley elaborado por una organización civil especializada en Libertad de Expresión y derechos humanos, como se solicitó. Por lo contrario, se citó a una lluvia de ideas cuyos resultados no se hicieron públicos.

Este Colectivo volvió a pronunciarse durante el foro realizado en Cancún, con la participación de defensores de los derechos humanos; se reiteró la necesidad de abrogar la Ley Borge, símbolo de la represión ejercida contra el Periodismo y evidencia de la violación a los Derechos Humanos de Libertad de expresión y de acceso a la información; se llamó a la unidad del gremio, tensada por actores políticos, y se rechazó la instalación de mecanismos locales, susceptibles a ser pervertidos desde el propio sistema.

Se insistió y explicó, con base en las experiencias de otros estados y de la propia entidad, que los mecanismos locales son manejados principalmente por autoridades locales, que son principales agresores de periodistas y crean cotos de poder innecesarios y se solicitó esperar a la definición nacional sobre el tema.

Pasado el tiempo, se creó una Unidad de Vinculación estatal que nunca fue presentada a las y los comunicadores ni personas defensoras de los derechos humanos. Lo poco que se informó sobre ese tema, por parte del gobierno del estado, fue gracias a las protestas del gremio al enterarse sobre la medida tomada.

La siguiente sorpresa fue ahora por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo, que en lugar de retomar las mesas de trabajo y dar a conocer las conclusiones completas de los foros hechos, presentó la propuesta para reformar y no abrogar la Ley Borge.

No omitimos mencionar que este Colectivo se encuentra ajeno a posiciones políticas o amagues y que la solicitud hecha de origen, en un acto de justicia y congruencia, ha sido abrogar una ley ilegitima, cuyo espíritu fue el de coartar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y acceso a la información, como derechos de toda persona.