Se ha desatado una polémica innecesaria por el aumento de la tarifa del transporte público gracias a una sentencia definitiva de la Sala Constitucional y Administrativa del Poder Judicial de Quintana Roo, que sin embargo las autoridades del Ayuntamiento Benito Juárez no comparten. Tampoco los ciudadanos, claro está.

Aun cuando se acató la acción legal porque el ajuste fue autorizado por figuras competentes, no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado ni en dos más de circulación local, por lo cual no ha surtido efecto. No obstante, los transportistas empezaron a cobrar el peso con 50 centavos de más.

Es un cobro ilegal. Y es que no se rechaza la posición del gremio, sino la viveza de choferes y líderes sindicales (no de los propios concesionarios), quienes conocen tanto los tiempos como las condiciones de dicha aplicación. Así, desde el mismo día de la noticia hubo reportes de que pedían 9.50 en el centro y 12 pesos en la zona hotelera, no los 8 y 10.50 actuales, respectivamente.

En Palacio no podían menos que ordenar la inspección inmediata para cumplir las formas y no afectar el bolsillo de un habitante harto de injusticias, propicio a condenar a quienes en apariencia son los responsables.

¿Merecen el incremento? Probablemente. En sus alegatos los acusados de ventajistas citaron el gasolinazo; los precios en alza de las refacciones; la extensión de las rutas; que los usuarios son más; los años sin el beneficio, y las exigencias crecientes en las mesas de trabajo con funcionarios por lo que era una especie de “retribución” no pactada.

La petición inicial fue de cuatro pesos más de lo anunciado. Eso molestó a los servidores públicos con los cuales trataban otras temáticas, principalmente la de movilidad, en respuesta al crecimiento exponencial de automóviles, camiones y personas, por lo cual ha sido necesario buscar opciones alternas de transporte para mejorar la calidad de vida de los usuarios.

En definitiva, se entendían las causas y por eso “lo merecen”. Lo que no correspondía era el “agandalle” contra los ciudadanos en un contexto inoportuno: cuando las demandas sociales se multiplican y las soluciones escasean por la falta de acuerdos entre niveles o las versiones malintencionadas que exasperan más los ánimos.

La exageración de la polémica -con todo y culpas erróneas- se estaría fabricando en ese mismo terreno de las falsas alarmas de bombas, los atentados ficticios o los supuestos amagues de huelga. ¿Esta aberración perjudicial para una mayoría obedece a una estrategia desestabilizadora en Benito Juárez? Nada peor.

Ayer el presidente municipal Remberto Estrada acusó una “campaña de desprestigio” en otros ámbitos. No sería desatinado circunscribirla precisamente a ello, si es que tiene razón en los hechos.