Agencias
CANCÚN, Q. Roo.- La Procuraduría General de la República (PGR) negó tener asegurados predios de Malecón Tajamar, puesto que los ciudadanos no son directamente los afectados u ofendidos por la devastación del terreno sujeto a desarrollo en esta ciudad.

De acuerdo con el Financiero, Katherine Ender, de Guardianes del Manglar, comentó que la instancia tiene que ser la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las que hagan la solicitud.

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La activista señaló que la próxima semana acudirá ante la Profepa y la Semarnat para solicitar que sean estas dependencias las que ejecuten la petición de aseguramiento del predio ante la PGR, pues incluso la ciudadanía se ha encargado de hacer el trabajo que corresponde a ambas instancias. No descartó que pudieran también recurrir al amparo directo.

“Es claro que son contestaciones vacías ya que sí se afectaron nuestros derechos, sobre todo a los que hace referencia el artículo cuarto, que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, motivo por el cual admitieron la ampliación de las acciones legales, indicó Ender Córdova.

En la respuesta de la PGR, firmada por Rodolfo Brisuela Arroyo, agente del Ministerio Público de la Federación, en auxilio del titular de la Agencias Segunda Investigadora del Sistema Tradicional, se descarta la solicitud pues “la ciudadana solicitante no reviste la calidad jurídica de víctima u ofendido dentro de la presente averiguación previa, lo cierto es que para tenerle reconocida su calidad de denunciante resulta necesario que se le excluyera, privara o causara molestia alguna en sus derechos”.

Por lo pronto, explicó que seguirán difundiendo el trabajo que han realizado a lo largo de estos meses para que haya evidencias suficientes del caso.

Juicio de lesividad

Comentó también que pedirán juicio de lesividad para anular las resoluciones que sean de negación a un derecho ya que las autorizaciones que presentan sobre el proyecto tienen serias irregularidades, contrarias a las leyes ambientales, “por eso deben ser anuladas por el juicio de lesividad”.