20 de Agosto de 2018

Quintana Roo

“Están violando toda garantía y todas las leyes": Graciela Saldaña

La diputada perredista solicitó a las autoridades estatales y federales investigar los permisos de construcción del Dragon Mart.

La diputada Graciela Saldaña dijo que el proyecto afecta a la industria, comercio y empleos. (Foto de Contexto/Internet)
La diputada Graciela Saldaña dijo que el proyecto afecta a la industria, comercio y empleos. (Foto de Contexto/Internet)
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Agencias
CANCÚN, Q.Roo.- La diputada perredista Graciela Saldaña Fraire (PRD) ingresó, el pasado 10 de octubre, un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados solicitando a las autoridades estatales y federales investigar los permisos para la construcción del proyecto chino Dragon Mart en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, publicó El Economista en su portal de Internet. 

Durante la sesión ordinaria celebrada en la fecha mencionada, la legisladora expuso que se trata de un proyecto que “está violando todo permiso, toda garantía y todas las leyes (...). A mí me gustaría que, por favor, (el punto) se tomara en cuenta, porque lo hemos estado discutiendo”.

“No cuenta con los permisos federales en la cuestión ambiental de la Semarnat; no cuenta con resolutivos por parte de la Profepa, puesto que ya hubo un daño a las 561.31 hectáreas con que cuenta (…) No tiene ningún permiso y ésa es la situación”, agregó, al tiempo que pidió que el punto de acuerdo se aprobara como urgente y de obvia resolución.

El proyecto, dijo, afecta a la industria, comercio y empleos, además de encontrarse a escasos metros de un área natural protegida, por lo que exigió la intervención de la Profepa y la Semarnat.

La Diputada resumió en cinco puntos las supuestas afectaciones que traería consigo la aprobación del Dragon Mart. La primera implica violaciones al programa de ordenamiento local de Cancún; la segunda, que se debe corroborar y descartar que no existan vestigios arqueológicos en la zona. Precisó que el complejo implicaría prácticas de dumping operadas en una especie de ínsula china dentro del territorio mexicano. La cuarta afectación que señaló es que plazas laborales estarían amenazadas, poniendo en riesgo la estabilidad económica y social de familias mexicanas.  Por último dijo que de establecerse el complejo a tres kilómetros de la franja costera, se estaría violenado el artículo 27 constitucional. 

Esta propuesta fue firmada por los diputados guanajuatenses, Francisco Arroyo Vieyra y Miguel Alonso Raya: fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía para su dictamen.

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