Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Ex trabajadores del Ayuntamiento de Felipe Carrillo se declararon en plantón permanente frente al Palacio de Gobierno en Chetumal en protesta por la supuesta negativa de las autoridades municipales, encabezadas por Gabriel Carballo Tadeo, para pagarles la indemnización correspondiente.

Se trata de personas que fueron despedidas, en su momento, al iniciar la administración del ex presidente municipal, Valfred Cetz Cen en el 2008.

En su mayoría, corresponden a personal que laboró en el área de limpieza para el ayuntamiento y algunas delegaciones municipales.

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Los inconformes piden que el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto les pague un total de 12.2 millones de pesos, que afirman fue establecido en un laudo del 2014 correspondiente al expediente DIT-74/2008, por un Tribunal Federal Laboral de Cancún.

Monto de la deuda

“Eso fue hace un año y ahora esa cantidad se ha actualizado a 18 millones de pesos. Las autoridades se han negado de manera rotunda a negociar”, señaló José Concejero Ramírez, abogado de los ex trabajadores.

El entrevistado dijo que el presidente municipal actual, Gabriel Carballo Tadeo, se ha negado a negociar con los demandantes, que casi en su totalidad provienen de comunidades rurales de la zona maya y que en su momento encontraron una oportunidad de ingresos como trabajadores de limpieza de parques, canchas y calles.

“La mayoría de los trabajadores ganaban como dos mil pesos mensuales. Y se propuso que se les diera mes y medio de liquidación, eran tres mil pesos para cada uno y los abogados se cerraron y dijeron que no, que llevaban instrucciones precisas de no negociar. Viendo la cerrazón del presidente municipal no nos quedó de otra más que venir aquí”, señaló el entrevistado.

Entrevistado vía telefónica, el alcalde Gabriel Carballo Tadeo, aseguró no tener conocimiento del tema, aunque reconoció que a su ingreso a la administración había 167 juicios laborales pendientes.

Cabe destacar que en el 2012 las cuentas bancarias de ese ayuntamiento fueron embargadas por orden de un juez, para pagar 3.8 millones de pesos a ex trabajadores despedidos.