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Inversión inmobiliaria. (Octavio Martínez/SIPSE)
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Un trámite de permisos con una inversión superior a los 10 millones de pesos, fue ingresado ante la Semarnat para la construcción de departamentos en el conjunto condominal de Playacar.

Lo anterior constituye una inversión relevante proveniente de la iniciativa privada en lo que va del año porque busca hacerse de los permisos para la edificación de 78 departamentos. El promovente es la sociedad mercantil “TWS Playacar” que requiere la autorización ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y pretende invertir.

El predio se encuentra inmerso dentro del complejo turístico Playacar, donde se han establecido hoteles todo incluido, campos de golf, áreas residenciales, zonas comerciales y restaurantes. Actualmente el polígono del predio se encuentra sin uso específico, donde aún se puede observar el desarrollo de una vegetación secundaria derivada de selva mediana subperennifolia que se encuentra en recuperación y totalmente fragmentado, puesto que en sus colindancias la vegetación ya ha sido modificada tras el crecimiento urbano y turístico de la zona” (sic), dice la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitido por el particular.

El proyecto requiere autorización en materia de impacto ambiental de jurisdicción federal, debido a que las obras que se pretenden realizar afectarán ecosistemas costeros, y por lo tanto dar cumplimiento con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su respectivo reglamento.

El acuífero en realidad es de usos múltiples ya que es la única fuente de suministro de agua en la región, no obstante, a diferencia de otras regiones del país, el uso agropecuario no es el dominante, es decir, hay un equilibrio entre el uso agropecuario y el público urbano. Por las condiciones de ser la única fuente de abastecimiento, el uso público urbano se preferencia ante los otros usos” (sic), justifica la MIA.

El documento técnico fue ingresado apenas el pasado fin de semana, por lo que será en los próximos meses que ocurra la evaluación y una posible consulta pública, en caso que los interesados así lo promuevan.

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