Loana Segovia/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q.Roo.- El secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), César Navarro Medina y el presidente de la Asociación de Inversionistas de la Riviera Maya, Antonio Cervera León, coincidieron en que la acción de exigir ante el Congreso del Estado un juicio político para los responsables de la administración saliente con el propósito de esclarezca el destino de los recursos que no fueron aplicados para obras, es parte de la transparencia que se tiene que buscar en esta y en todas las administraciones posteriores.

En entrevista, los empresarios dejaron claro es necesario el destino de los recursos que fueron pedidos a través de créditos para obras, que de acuerdo con la información que proporcionó el exregidor Juan Carlos Beristáin Navarrete, no fueron concluidas. 

“Nosotros como sociedad desconocemos el manejo de la administración, pero si el exregidor sabe que hubo desvío de recursos o malos manejos pues que haga lo que sea procedente”, manifestó César Navarro Medina. 

Por su parte, Antonio Cervera León en días pasados dio una conferencia de prensa en la que expresó la intención de saber a dónde fueron a parar los 800 millones de pesos, que a la fecha es la cantidad del endeudamiento que adquirió el Ayuntamiento en esta administración, y también exigió que se deslinden las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo a los datos proporcionados por el exregidor Beristain Navarro el presupuesto para este año fue de mil 700 millones de pesos que no son reflejados en el nivel de vida de los playenses.

“Podemos ver las calles como están porque ya no hay presupuesto para aplicar el programa de bacheo, las obras están inconclusas, no hay empleo, hay inseguridad, se les queda a deber las quincenas a los trabajadores del Ayuntamiento cuando eso nunca pasaba, son muchas situaciones que se presentaron en esta administración que requieren que se esclarezcan”, declaró.

La demanda fue interpuesta el pasado 12 de septiembre a través de la Comisión de Justicia, en la que se detallan los montos, uno de ellos fue aprobado el 15 de septiembre del 2011, por 403 millones 712 mil 60 pesos con 40 centavos. Al Congreso se le solicitó un monto de 132 millones 980 mil 247 pesos.