18 de Junio de 2018

Cancún

Piden vigilar transparencia y legalidad del Dragon Mart

Iris Vianey Mendoza Mendoza, senadora del PRD, aseguró que el centro comercial podría generar problemas sociales y económicos.

Durante el foro realizado en el Senado de la República, se concluyó que, el gobierno chino fomenta competencia desleal en el mercado y pone en desventaja a productores mexicanos.  (Redacción/SIPSE)
Durante el foro realizado en el Senado de la República, se concluyó que, el gobierno chino fomenta competencia desleal en el mercado y pone en desventaja a productores mexicanos. (Redacción/SIPSE)
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Agencias
CANCÚN, Q.Roo.- La senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza pidió a la Junta de Coordinación Política crear una comisión especial que vigile la transparencia y legalidad del procedimiento de autorización del proyecto Dragon Mart, tras los señalamientos hechos por diversos grupos.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) también exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a determinar la viabilidad ambiental del proyecto en función de los impactos de construcción, operación y cierre.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Economía realizar los estudios técnicos que determinen el impacto del comercio de los productos de las 14 secciones del Centro de Exhibición propuesto en el proyecto a la producción de bienes relacionados de origen mexicano.

La perredista recordó que el pasado 11 de febrero se realizó en el Senado de la República el foro "Efectos ambientales, económicos de la instalación de Dragón Mart Cancún en México".

Durante este foro académicos, ambientalistas, organismos empresariales y sociedad civil concluyeron que el gobierno chino fomenta la competencia desleal en el mercado y pone en desventaja a los productores mexicanos, señaló.

"Nuestro compromiso es con el comercio nacional, por lo que necesitamos obtener información precisa respecto a las condiciones de competencia de nuestros empresarios", aseguró.

Explicó que paralelamente el centro comercial podría generar problemas sociales y económicos como asentamientos irregulares, tráfico y contaminación en un área natural protegida de la Riviera Maya.

Por ello, se pidió al gobierno de Quintana Roo promover un juicio de lesividad para revertir las irregularidades de la autorización en materia de impacto ambiental, puntualizó.

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