16 de Diciembre de 2017

Quintana Roo

Amplia red de extorsión en Sintra (video)

El gobernador ordenó investigar denuncias y sancionar a funcionarios de la dependencia.

Los inspectores de la dependencia extorsionaban a transportistas de carga y de personal. (Jesús Tijerina/SIPSE)
Los inspectores de la dependencia extorsionaban a transportistas de carga y de personal. (Jesús Tijerina/SIPSE)
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Edgar Olavarría/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La red de extorsiones evidenciada por la conversación telefónica entre los inspectores Gimer Alejandro Povedano Zetina y Jesús Gabriel Mejía Sardoz, recientemente separados del cargo en la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), puso al descubierto el negocio redondo que resulta la dependencia, donde se extorsiona a transportistas de carga, de personal e incluso toleran y controlan el pirataje, en beneficio de inspectores y altos mandos, entre ellos, Juan Jesús Lezama González, delegado en Benito Juárez.

La tolerancia a conductas del "pirataje" también repercute en los ingresos de la Recaudadora de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que deja de percibir ingresos por concepto de canje o refrendo de placas, permiso de transporte de carga, altas o bajas de unidades concesionarias, sólo por mencionar algunos, en ese sentido, en Benito Juárez y la Zona Continental de Isla Mujeres operan de manera irregular al menos 40 unidades de la Federación Sindical de Obreros y Campesinos (Fesoc) de Quintana Roo, mediante una “aportación” mensual de 60 mil pesos, como mínimo.

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A pesar de que el artículo 93 del Reglamento de Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del estado establece multas equivalentes de 80 a 800 y de 180 a 800 salarios mínimos (80.04 pesos diarios) hacia personas físicas y morales, respectivamente, por explotar las vías de comunicación sin permiso o concesión o en su caso no respeten una suspensión, bajo la anuencia del delegado, inspectores de la Sintra son omisos a esa normativa y aplican cobros indebidos hacia los transportistas.

En Cancún, el servicio de transporte pirata opera desde temprana hora en las inmediaciones de los parques El Crucero y La Rehoyada, que se encuentran en las supermanzanas 63 y 68, respectivamente, para trasladar a trabajadores del ramo de la construcción hacia las diversas obras localizadas principalmente en la avenida Huayacán, Moon Palace e Isla Blanca, de acuerdo con información anónima que llegó a la redacción de Novedades Quintana Roo, misma que fue corroborada.

“Ellos operan en las mañanas y en las tardes, de hecho en las tardes están puestos ahí en lo que es Alborada, esperando que salgan los albañiles para volver a piratear todo el pasaje y regresarlo al centro, en la ruta Huayacán son como cinco unidades y 15 en Isla Blanca, son puros piratas, nadie les dice nada, nadie los detiene o algo, en verdad es preocupante porque nosotros tenemos la concesión y cómo es posible que otro que no tiene ni concesión, no tiene permiso, no tiene rótulos, no tienen nada, de hecho nada que sea a la vista, proporcionen el servicio”, informó Fernando “N”, operador concesionario.

De acuerdo con trabajadores de la Transportadora de Bonfil, concesionaria municipal, en la ruta Huayacán operan 14 unidades tipo urvans, cada una genera 684 pesos diarios y trasladan entre 12 y 14 personas, en su mayoría albañiles, electricistas y plomeros que pagan 9.50 pesos, no obstante, cada autobús pirata transporta en promedio entre 38 y 54 personas que pagan de 10 a 15 pesos, 760 pesos como mínimo en dos viajes.

Sin embargo, tal flexibilidad también involucra a las direcciones de Transporte y Vialidad, y Tránsito municipal, que por medio de una cuota por unidad de 200 pesos mensuales, es omisa durante los operativos respecto al sobrecupo, límite de velocidad y condiciones de las unidades tanto de Maya Caribe y Transportes Bonfil como de la empresa Transporte Terrestre Estatal (TTE), esta última, concesionaria estatal.

Fuentes al interior de la Sintra explicaron que las cuotas no son exclusivas de los operativos para detectar vigencia de documentación y pago de refrendos, sino también para trámites de alta o baja de vehículos, inscripción de contratistas, permisos y renovaciones, ya que para evitar la tramitología o disminuir los tiempos, los empresarios acceden dar una “aportación” sin recibo correspondiente.

Además de que en promedio las ocho patrullas recaudan diariamente 6 mil pesos y del total 50% es canalizado al delegado, aunado a las cuotas mensuales por anuencia del pirataje y omisiones al reglamento de transporte vigente.

De acuerdo con Alejandro Janitzio Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la Sintra, hasta el momento son 18 bajas efectivas en todo el estado por diversos motivos, siete de ellas vinculadas a actos de corrupción, adicional a estas en Cancún se encuentran en proceso el caso de cinco inspectores y será en un plazo no mayor a 15 días que se determine la situación de Povedano Zetina y Mejía Sardoz, recientemente separados del cargo y sujetos a una investigación para el deslinde de responsabilidades.

Carlos Joaquín ordena investigar a Sintra

El gobernador Carlos Joaquín ordenó investigar denuncias y sancionar a funcionarios de Sintra.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de la Gestión Pública (SGP) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) iniciaron los procedimientos administrativos y aplicarán las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

De inmediato, a través del oficio No. SGP/SAJ/076/2017, la Secretaría de la Gestión Pública notificó al titular de Sintra, Jorge Portilla Manica, que se instruyó al Coordinador General de Responsabilidades y Situación Patrimonial que inicie la investigación relativa a los hechos denunciados públicamente, y sustancie el procedimiento administrativo disciplinario, determinando en su caso la gravedad de la posible infracción.

El titular de Sintra deberá responder a los requerimientos relacionados con la implicación del delegado de Sintra, Juan Jesús Lezama González; el inspector Gabriel Mejía, el coordinador Alejandro Povedano, y al director de Comunicaciones y Transportes de la dependencia, Alejandro Janitzio Ramos Hernández, en extorsiones a transportistas.

El gobernador Carlos Joaquín reiteró que en el combate a la corrupción no hay marcha atrás; con el combate a la impunidad las cosas serán parejas para todos. “Para que las cosas cambien, la honestidad y transparencia son indispensables, honestidad para terminar con las desigualdades”, manifestó.

(Video: Sergio Orozco)

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