Edgar Olavarría/ SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La implementación en Quintana Roo de la reforma constitucional en materia laboral no sólo comprende armonizar el marco legal, sino también trabajar en materia presupuestal y administrativa e involucra a los tres poderes de la entidad, con la finalidad de atender la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje e incorporación de los Tribunales Laborales, destacó Catalina Saarvelia Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps).

Lo anterior, a raíz de la publicación del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Carta Magna, en materia de Justicia Laboral, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en febrero 24 del año en curso.

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“Con base a esto tenemos que hacer la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para pasar del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, esto lleva un proceso, en el Estado tenemos la Junta Local y cinco Juntas Especiales, tres en Cancún, una en Playa del Carmen y otra en Cozumel, y se está trabajando en todo el proceso”, expresó Portillo Navarro.

Sin embargo, la creación de Tribunales Laborales adscritos al Poder Judicial de Quintana Roo, encaminados a resolver asuntos obrero patronales e impartir justicia, y la incorporación de Centros de Conciliación, destinados a acordar entre las partes, involucra gestionar tanto el recursos humano como económico, así como atender la etapa legislativa.

Tribunales laborales

Si bien en Quintana Roo ya se trabaja en la primera fase para migrar a Tribunales Laborales e impartir la justicia en materia laboral a través del programa emergente “Jornada de Caducidad”, la XV Legislatura del Congreso Local deberá armonizar la Constitución Política del Estado, La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Reglamentos de la Secretaría del Trabajo y Previsión y Poder Judicial, en un determinado momento el Consejo de la Judicatura, respecto a la reforma constitucional en materia laboral.

“Tenemos la problemática en Quintana Roo de varias vertientes, la primera es legislativa, con el cambio como les decía de las leyes que se requiere; la administrativa y la presupuestal, que es muy importante tanto para cada uno de los Poderes como también para erogación, a nosotros como Poder Ejecutivo (Secretaria del Trabajo y Previsión Social) entregar la justicia laboral y también para el Poder Judicial, ahora si como dice incorporar a esta justicia laboral y determinar si van a ser juzgados o tribunales laborales”, concluyó.