22 de Octubre de 2018

Chetumal

Policías capitalinos entregan falsos certificados de estudios

Investigarán los posibles hechos delictivos en los que están involucrados los altos mandos de la corporación chetumaleña.

Autoridades presentan documentos apócrifos para afiliarse al programa de subsidios.  (Harold Alcocer/SIPSE)
Autoridades presentan documentos apócrifos para afiliarse al programa de subsidios. (Harold Alcocer/SIPSE)
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Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El director general de la Policía Municipal Preventiva, Gumersindo Jiménez Cuervo , reconoció posibles ilegalidades en la obtención de certificados de estudios de altos mandos de la corporación, utilizados para obtener recursos adicionales del Programa “Subsidios Para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun).

Los certificados provendrían del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos, cuyo titular en la entidad, Javier Novelo Ordoñez anunció que investigará los posibles hechos delictivos que se pudieron haber cometido y solicitará la intervención de la Secretaría de la Contraloría.

El titular de la corporación policíaca afirmó que estas acciones se están investigando, pero que tiene conocimiento de que estos hechos se dieron desde la administración pasada y hoy en día los policías presuntamente implicados son mandos de la corporación que encabeza en el ayuntamiento.

Para el concepto de la homologación se contemplan  dos millones 440 mil pesos que deben distribuirse desde la base piramidal de la estructura policial hacia arriba, sin embargo, antes la esta se realizaba de arriba hacia abajo y presuntamente se utilizaban certificados de educación obtenidos de manera ilegal, sin acreditar los módulos académicos ofrecidos por el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos.

El funcionario se comprometió a dar parte a la Secretaría de la Contraloría luego de las indagatorias que realizará, entre las que se encuentran una entrevista con el jefe policíaco quien debe tener la información a detalle, ya que el asunto se trata de un delito federal.

Sería muy fácil ubicar a los responsables del fraude, pues existe un registro nacional que da seguimiento a los beneficiarios del sistema educativo y si no pasaron por el proceso de acreditación significaría que la obtención fue de manera fraudulenta. 

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