¡Entérate! PRD y PAN rechazan la decisión del Trife
El objetivo del juicio político era inhabilitar hasta por 20 años a los magistrados.
Claudia Olavarría / SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La resolución del Tribunal Federal Electoral (Trife) es un aviso en contra de los congresos locales, porque da manga ancha a los magistrados electorales para actuar con impunidad, sin que nadie los pueda sancionar.
También te puede interesar: Renuncia Vivas a la presidencia del Teqroo
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) coincidieron en que la resolución del tribunal es un grave impacto nacional, sobre todo porque tres estados celebrarán procesos electorales este año, y el próximo, será de elección presidencial.
El jueves pasado, el Trife en sesión pública atendió los casos SUP-JDC-259/2017, SUP-JDC-260/2017 y SUP-JDC-261/2017; correspondientes a Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, respectivamente, y determinó que la XV Legislatura carece de facultades para instaurar el procedimiento de juicio político contra los magistrados electorales de Quintana Roo, y señaló que tal proceso viola la legalidad.
En la sesión número 21 del segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la XV Legislatura, el consejero electoral Sergio Avilés Demenegui solicitó juicio político en contra de los magistrados, mismo que fue aceptado por la Comisión de Justicia, toda vez que cumplía con el procedimiento.
“La Sala Regional de Xalapa señaló hace unas semanas que los magistrados electorales habían sobrepasado sus facultades, y ahora la Sala Superior falla a favor de la solicitud de los mismos, sobre la protección de sus derechos”, afirmó el diputado Emiliano Ramos Hernández.
El Congreso conformó una Comisión Instructora para analizar las conductas de los magistrados, con base a la solicitud de juicio político y la resolución de Xalapa, trabajo que ahora queda sin efecto.
El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) es un órgano local que debe ser sancionado por las autoridades locales, porque además es un ente sancionable en las cuentas públicas por parte de la Auditoria Superior de Quintana Roo (Aseqroo), pero ahora, con esa resolución, aparentemente queda imposibilitado para sancionar si hay irregularidades.
“No queremos que ellos sancionen el proceso electoral 2018, los quintanarroenses merecen un tribunal transparente, y un presidente que no amenace a los consejeros para favorecer a un partido”, destacó Jorge Aguilar Osorio, presidente del PRD en Quintana Roo.